Cuatro de los cinco consejeros del CNE aprobaron que estos comicios sean el 29 de noviembre de 2026, en lugar del 14 de febrero de 2027, como inicialmente había fijado este mismo organismo.
Con este cambio, las inscripciones de las candidaturas se deberán realizar del 2 al 17 de agosto y la campaña electoral será del 12 al 26 de noviembre.
La decisión fue tomada con base en un informe gubernamental que alerta del supuesto impacto que podría tener el fenómeno de El Niño en el país en los primeros meses del próximo año.
La Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), suspendida recientemente por nueve meses por un juez electoral debido a la existencia de una investigación en la Fiscalía por presunto lavado de dinero, denunció que la alteración del calendario busca impedir sus candidaturas y que no se trata de "una decisión técnica", sino de "una imposición política".
En esta elecciones se elegirán a prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031.
El informe que sostiene este cambio es de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institución pública que alerta de que las fuertes lluvias e inundaciones podrían afectar a 218 recintos electorales en al menos siete de las 24 provincias y que, según dijeron los consejeros, también podría provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos.
La consejera Elena Nájera, quien fue la única que votó en contra, señaló que "nadie puede asegurar que en esos meses, y especialmente el día de las elecciones, el temporal vaya a ser de tal magnitud que impida la movilización ciudadana" hacia los sitios de votación.
Recordó que ni cuando hubo la pandemia de la Covid-19 se suspendió o modificó la fecha de las elecciones, a inicios de 2021, y que tampoco sucedió eso en 1998, cuando El Niño causó graves afectaciones en el país.
"Todo esto conduce a presumir que no se está garantizando una competencia igualitaria y se está empujando hacia un tipo de intereses u objetivos que no son los democráticos", señaló.
Sin embargo, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, negó que el cambio en el calendario obedezca a "algún interés político" o a "intereses extraelectorales", sino que se apega a la obligación de garantizar "que los ciudadanos puedan expresar en forma libre su voluntad en las urnas".