La Fiscalía General del Estado (FGE), informó a EFE que dicho juez también giró otra orden de aprehensión contra Juan Bernardo Corona, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, así como contra 14 agentes de la Policía Estatal por este caso ocurrido hace nueve años.
Aureoles, miembro del entonces Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Bernardo Corona son buscados por personal de la fiscalía estatal desde 2023, al haber órdenes de aprehensión en su contra por un presunto desfalco millonario del erario público, tras la construcción a sobreprecio de cuarteles de la Policía Estatal durante su mandato (2015-2025).
Por dicho desfalco, elementos de la fiscalía detuvieron a Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas de Aureoles; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad de Michoacán; Mario Delgado Murillo, exdelegado (director) de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública.
En el presente caso, la dependencia local informó que la ejecución extrajudicial de los cuatro indígenas ocurrió el 5 de abril del 2017, cuando Aureoles presuntamente ordenó a la Policía Estatal ingresar al poblado purépecha de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen.
Fue así que en el operativo, la policía local intentó recuperar alrededor de cien vehículos de carga que los pobladores indígenas tenían retenidos, como un gesto de protesta ante un conflicto agrario ancestral que mantenían con el pueblo vecino de Capácuaro, municipio de Uruapan.
Durante la intervención policial se registró un enfrentamiento entre los policías e indígenas, lo que provocó la muerte de los cuatro indígenas, que resultaron heridos de bala, entre ellos también se registró el deceso de un menor de edad.
También se reportaron 38 pobladores heridos, diez más detenidos y el fallecimiento de un policía.
Sobre el caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió, a finales 2020, la recomendación número 42VG/2020, en la que documentó violaciones graves a los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad personales -por actos constitutivos de tortura-, de reunión, al interés superior de la niñez y a una vida libre de violencia, en agravio del poblado indígena.