El magistrado aceptó el pedido del fiscal Dennis Villavicencio, quien señaló que había elementos que permitían presumir la participación de Chávez en los hechos que se investigan en el caso denominado como 'Goleada', en el que, además de Alvarez, están procesados los dos hermanos del alcalde y otras ocho personas.
Chavez, que es muy cercano a Alvarez, llegó a la Asamblea Nacional (Parlamento) en 2025 de la mano de una alianza entre el movimiento Renovación Total (RETO) y la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) que está actualmente suspendido.
La audiencia fue programada para la mañana, sin embargo, el abogado del asambleísta sostuvo que el juez no era competente para conocer este caso, debido al cargo de Chavez, por lo que se dilató varias horas, pero la Fiscalía señaló que los hechos que se investigan habrían ocurrido antes de que asumiera esa función.
El legislador dijo en un video horas antes de conocer la decisión judicial que la razón de su vinculación a este caso es "absolutamente política".
"Lamentablemente hoy en el Ecuador hay una justicia absolutamente tomada. No hay garantías de absolutamente nada", indicó el político, que aseguró que se iba a defender "de manera técnica y legal", pero que no iba a "regalar la libertad a absolutamente nadie".
En el caso Goleada, el Ministerio Público investiga la existencia de un presunto "entramado empresarial creado para vulnerar la seguridad del Estado y el sistema financiero".
La causa está relacionada con la comercialización de combustibles, un negocio familiar del alcalde Alvarez que ya es objeto de investigación en otro proceso, denominado 'Triple A', en el que se acusa a la autoridad municipal, junto a otras 21 personas y empresas, de una presunta comercialización y distribución ilegal de hidrocarburos.
Según la Fiscalía, los procesados en esta nueva investigación habrían utilizado empresas de papel domiciliadas en Panamá para obtener "beneficios económicos indebidos" mediante la reventa de diésel subsidiado a precios del mercado internacional, lo que habría ocasionado un perjuicio al Estado estimado en unos 100 millones de dólares.