Se trata de la prisión de máxima seguridad 'El Triunfo', una obra encargada a ingenieros del Ejército en el departamento de Izabal (noreste) en un terreno incautado al narcotráfico, y destinada a aislar a líderes de "maras" o pandillas y del crimen organizado, así como a otros reos de alta peligrosidad.
La Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Izabal otorgó un amparo provisional a un grupo de cuatro ciudadanos particulares, de quienes no se conoce mayor trayectoria pública, que alegaron riesgos ambientales, según el texto del amparo al que tuvo acceso EFE.
Los magistrados ordenaron a los ministerios de Gobernación y de la Defensa "detener toda medida del inicio de la construcción" con el argumento de que la ubicación del penal "representaría un alto riesgo de inundación, lo que hará que se tenga que trasladar a los privados de libertad de emergencia con las sabidas pérdidas materiales o humanas".
El Ministerio de Gobernación (Interior) indicó a EFE que, hasta el momento, las carteras involucradas no han sido notificadas oficialmente, y que una vez que esto ocurra "se analizará por las vías legales correspondientes" para accionar.
Este freno judicial llega menos de 24 horas después de que Arévalo de León inaugurara los trabajos, destacando que su administración iniciaba esta obra tras "40 años sin inversión en infraestructura penitenciaria".
"Sabemos que hay quienes se oponen, que hay quienes preferirían que las cosas sigan como están, pero no vamos a dar un paso atrás", comentó el mandatario el viernes.
Agregó que la nueva cárcel es el "punto de partida" para recuperar el control de las prisiones, donde históricamente los propios criminales han establecido unas reglas de convivencia que les ha permitido seguir con sus actividades ilícitas desde allí.
"Es indispensable garantizar que una vez privados de libertad (los reos) pierdan toda calidad de mando, coordinación y financiamiento desde el interior de los centros de detención. Esta cárcel responde precisamente a esa necesidad", declaró por su parte el ministro de la Defensa, Henry Sáenz.
El 18 de enero pasado 11 policías fueron asesinados en ataques coordinados de pandilleros ocurridos después de operativos de las autoridades para recuperar el control en penales donde los criminales operaban con total impunidad y se amotinaron al perder privilegios ilegales.
El sistema guatemalteco sufre un hacinamiento superior al 300 %, con casi 24.000 reos en espacios diseñados para unos 7.000.