El llamado Comité de Cumplimiento de las Sentencias del Pueblo Garífuna pretende "articular esfuerzos colectivos para exigir el cumplimiento integral de las sentencias emitidas a nuestro favor", así como dar seguimiento a otros casos y garantizar "la no repetición de estas violaciones" en otras comunidades garífunas.
Así lo informó este domingo la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) al precisar que el comité se creó en una asamblea celebrada esta semana en la comunidad de Vallecito con la participación de delegados de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos, comunidades que cuentan con fallos internacionales a su favor.
Las comunidades denunciaron que los fallos relacionados con Punta Piedra y Triunfo de la Cruz acumulan "más de una década" sin cumplirse, lo que, a su juicio, ha derivado "en graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos", incluyendo asesinatos, persecución, amenazas, criminalización, desapariciones forzadas y ataques contra defensores del territorio.
"Este incumplimiento no solo evidencia la falta de voluntad del Estado, sino que lo convierte en responsable directo de la continuidad de esta violencia", añade el documento.
Destaca también la "profunda preocupación y condena" por la intervención de diversas organizaciones e instituciones en comunidades garífunas, al considerar que algunos proyectos que impulsan "lejos de fortalecer los derechos colectivos, buscan mantener a las comunidades entretenidas, fragmentadas y desmovilizadas".
"Estas acciones son premeditadas y conscientemente planificadas para debilitar la lucha legítima por la justicia, desviar la exigencia y evitar el cumplimiento de las sentencias, particularmente en lo que respecta a la restitución integral de los territorios ancestrales del pueblo garífuna y un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente apropiada", enfatiza.
Es así que el comité impulsará "acciones inmediatas y sostenidas", entre ellas movilizaciones, protestas pacíficas y denuncias, para demandar el cumplimiento efectivo de las sentencias y frenar la "escalada de violencia" contra el pueblo garífuna.
El Estado de Honduras, según las comunidades garífunas, debe adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo, integral y en un plazo razonable de las reparaciones ordenadas".