El representante de Palestina ante el organismo panárabe, Muhannad al Aklouk, es quien hizo esta petición para llevar a cabo "lo antes posible una reunión extraordinaria" de los 22 países miembros del organismo con el fin de coordinar una posición unificada ante esta ley, la cual tildó de "racista e inválida", en declaraciones a medios en El Cairo.
También pidió que se debata "cómo abordar los crímenes y violaciones israelíes en Jerusalén ocupada, y sus lugares sagrados islámicos y cristianos".
"Hacemos un llamamiento a nuestros hermanos árabes para que se reúnan con el fin de debatir cómo afrontar esta brutal agresión israelí contra nuestro pueblo en todas sus formas y manifestaciones", recalcó.
Las medidas israelíes han sido condenadas también, en sendos comunicados, por el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgueit, así como por Egipto y otros países árabes e islámicos, entre los que figuran Arabia Saudí, Turquía, Indonesia, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.
"Esa ley contradice los principios más básicos del derecho internacional humanitario, socava gravemente los requisitos de la justicia y consolida una discriminación flagrante contra los palestinos, representando una imagen repugnante de apartheid", dijo el máximo responsable del organismo panárabe.
Egipto, entre otros países árabes e islámicos, denunció como "escalada sin precedentes" y "discriminatorias" las medidas israelíes, y exhortó a la comunidad internacional a "actuar de forma firme e inmediata para proteger a los palestinos".
El texto aprobado este lunes en el Parlamento de Israel, por 62 votos a favor y 48 en contra, establece la pena de muerte en la horca a los condenados por asesinato con motivos terroristas (dañar al Estado de Israel o sus residentes).
Para los palestinos de Cisjordania, impone a los tribunales militares que los juzgan sentenciar con la pena capital (una obligación con excepciones no definidas), mientras que en el caso de que un israelí fuera sometido a juicio por ello permite sentenciar a cadena perpetua y añade más requisitos para imponer la pena capital.