El Gobierno de transición del país, en el poder desde el golpe de Estado del 26 de noviembre de 2025, condenó "con la mayor firmeza" la muerte de Balanta en lo que calificó como un acto "bárbaro", según un comunicado recogido por medios locales a última hora del martes, día en que se encontró el cadáver.
Las autoridades también prometieron esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a sus responsables en un contexto en el que diferentes organizaciones denuncian un aumento de las detenciones arbitrarias, de los secuestros, de palizas, de torturas y de restricciones a la prensa.
El propio Balanta, ex secretario general del movimiento civil Pó de Terra, hizo un llamamiento el pasado 17 de marzo a las autoridades nacionales para que pusieran fin a las persecuciones políticas en el país.
Por su parte, el presidente de la Liga Guineana de Derechos Humanos (LGDH), Bubacar Turé, lamentó este martes en una rueda de prensa la "ejecución sumaria" de Balanta, y consideró que se trata de "una señal profundamente inquietante de que, en Guinea-Bisáu, el ejercicio de los derechos fundamentales puede convertirse en una actividad de riesgo extremo".
Turé presentó un informe que muestra la "significativa regresión" de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el país entre 2023 y 2025.
El golpe en Guinea-Bisáu ocurrió en la víspera de la publicación de los resultados provisionales de las elecciones generales del 23 de noviembre, en las que se declararon vencedores tanto el excandidato presidencial Fernando Dias da Costa como el presidente depuesto, Umaro Sissoco Embaló, que fue acusado de orquestar la asonada.
El 21 de enero, el líder de la junta golpista, el general Horta N'ta, anunció en un decreto que el país celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 6 de diciembre de este año.
Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado (1980, 1998/99, 2003 y 2012).