En un comunicado conjunto, los ministros de Exteriores de los ocho países acusaron a "la potencia ocupante israelí" de permitir "de facto" la aplicación exclusiva de la pena de muerte contra los ciudadanos palestinos.
Advirtieron que el Estado hebreo emprende "prácticas cada vez más discriminatorias" en una escalada para afianzar "un sistema de apartheid y un discurso de rechazo que niega los derechos inalienables y la propia existencia del pueblo palestino en los territorios palestinos ocupados".
Los ministros subrayaron que medidas como esta, además de discriminatorias, "aumentan las tensiones y socavan la estabilidad regional".
También expresaron su "profunda preocupación" por las condiciones de los presos palestinos bajo custodia israelí y advirtieron del aumento de los riesgos ante "informes fiables de abusos continuados", entre ellos tortura, tratos inhumanos y degradantes, privación de alimentos y la denegación de derechos básicos.
Estas prácticas, documentadas entre otros por Amnistía Internacional y la ONG israelí Médicos por los Derechos Humanos, reflejan "un patrón de violaciones contra el pueblo palestino", añade la nota, y calificó de "racistas, opresivas y agresivas" las acciones israelíes.
Los ministros destacaron, además, la importancia de "garantizar la rendición de cuentas", y pidieron que se intensifiquen los esfuerzos internacionales "para mantener la estabilidad y evitar el empeoramiento de la situación".
La aprobación de la ley en el Parlamento israelí provocó reacciones de condena casi unánime a lo largo de todo el mundo.
Los 22 países de la Liga Árabe tienen previsto celebrar este jueves una reunión extraordinaria en El Cairo para emitir una respuesta conjunta.