Esta estructura legal, que investigaciones de organismos internacionales vinculan a formas de esclavitud moderna, ha condenado a cientos de familias tamiles a vivir hacinadas en los mismos cobertizos industriales de la cosecha tras el paso del ciclón Ditwah, al quedar excluidas de los planes de reconstrucción estatal por carecer de títulos de propiedad sobre las fincas que trabajan desde hace dos siglos.
El ciclón de noviembre pasado, que dejó más de 600 muertos y 2,2 millones de afectados, golpeó con especial dureza los distritos de Badulla, Kegalle y Nuwara Eliya, donde unas 500 familias tamiles permanecen hoy en refugios temporales sin un hogar al que regresar.
K. M. Malarvili, que trabaja en las colinas centrales de Sri Lanka, terminó hacinada junto a su familia en un cobertizo, ras un deslizamiento de tierra que sepultó parte de su aldea.
"No teníamos a dónde ir. Primero nos enviaron a una escuela donde se refugiaron 48 familias. Cuando comenzaron las clases, nos enviaron a un dalu maduwa (un cobertizo de recolección de hojas del té)", relató a EFE. Sin baños, agua potable ni electricidad, el lugar se ha vuelto inhabitable.
Hoy miles de personas de la comunidad siguen paralizadas por el desastre. "Cerca de 60.000 tamiles Malaiyaha se vieron afectados por el Ditwah y ahora siguen en refugios temporales. Son 496 familias en 18 refugios", dijo a EFE Nadesan Suresh.
A pesar de los paquetes de ayuda estatal, la mayoría de los malaiyaha han sido ignorados. El motivo es una trampa legal, viven en las llamadas "casas de línea", barracones dentro de las fincas de las que no poseen escrituras ni títulos de propiedad.
Esta precariedad es herencia del sistema colonial "kangany", con el que los británicos llevaron a la fuerza a trabajadores de castas bajas del sur de la India en el siglo XIX bajo un esquema de deuda que los encadenaba a las plantaciones.
Entre 1823 y 1849, se estima que 160.000 personas murieron en los viajes desde la India para abrirse paso en la selva y levantar las plantaciones a cuerpo descubierto.
Este sistema los aisló intencionalmente en barracones de la empresa, impidiéndoles poseer tierras o viviendas fuera del control de la plantación. Tras la independencia en 1948, el Estado les negó la ciudadanía y la propiedad
"Los funcionarios no saben cómo manejar nuestros expedientes y nos rechazan diciendo que somos responsabilidad de la plantación", añadió Suresh.
El té de Ceilán, promocionado por el Estado como el "regalo de Sri Lanka al mundo", se sostiene sobre los hombros de esta comunidad. A pesar de ser uno de los mayores generadores de divisas para la isla, los beneficios de esta industria millonaria no llegan a los cobertizos de las colinas.
"¿Acaso no generamos dólares valiosos para este país? Trabajamos décadas y todavía se nos trata como personas de segunda", explicó a EFE V. S. Seelan desde Kandy. "¿Cómo podemos volver a las casas de línea? Están agrietadas. Si llueve más de 100 mm, las paredes se nos caerán encima".
Según los datos del activista, al menos 14 personas murieron cerca de las casas de línea de su aldea a las que los dueños de las plantaciones les ordenan regresar.
El Colectivo de la Sociedad Civil para la Reconstrucción de Malaiyaha (CSCMR, en inglés), en una carta enviada al presidente Anura Kumara Dissanayake, enumeró demandas como compensaciones en efectivo, viviendas con escrituras formales y el derecho a la propiedad de la tierra para las mujeres.