En una entrevista emitida hoy por la cadena TVN24, la ministra explicó que la nueva materia, que sustituye a la antigua "Educación para la Vida en Familia", integrará contenidos sobre salud mental, prevención de adicciones y seguridad digital.
No obstante, el componente de salud sexual, que ha causado una gran controversia, representará aproximadamente una décima parte del temario y quedará sujeto a la "decisión de los padres".
En sus declaraciones, Nowacka defendió la importancia de la materia y afirmó que "los conocimientos sobre salud sexual son tan importantes como los conocimientos sobre cualquier otro aspecto de la salud".
Sin embargo, reconoció que la naturaleza opcional del módulo responde a razones "estrictamente políticas", y añadió que no le quedó "otra opción". "Si es una decisión de alto nivel del Gobierno, el Ministerio debe acatarla", señaló.
El anuncio de esta solución de compromiso pone fin a un largo debate dentro de la coalición del Gobierno liderada por el primer ministro centrista Donald Tusk, en el que el ala progresista chocó y finalmente cedió ante los sectores más conservadores, que temían perder el apoyo del electorado católico.
La reforma ha estado precedida por un clima de alta confrontación, pues el principal partido de la oposición, el ultranacionalista Ley y Justicia (PiS), había denunciado la ley como "depravada y perversa", mientras que organizaciones ultracatólicas como Ordo Iuris lamentaron la "sexualización de los niños" y la Conferencia Episcopal Polaca la calificó de "antifamiliar" e "inconstitucional".
Desde el punto de vista de sus opositores, la educación sexual contemplada en la ley promueve la "ideología de género" por reconocer la existencia de la homosexualidad, "erotiza" a los menores y les puede dañar psicológicamente por separar la sexualidad del matrimonio, y amenaza los derechos de los progenitores porque "boicotea la autoridad parental con injerencias ideológicas indebidas".
Esta polarización provocó cientos de manifestaciones en todo el país a partir de 2024, así como enfrentamientos entre asociaciones de padres y la dirección de algunos centros docentes, además de varios vetos presidenciales del ultraconservador Karol Nawrocki a los intentos del Ejecutivo de legislar la cuestión.