Al momento son 17 las personas procesadas en la causa, entre las que se encuentran el dueño de los laboratorios, Ariel García Furfaro, su hermano Diego Hernán García, y su madre, Nilda Furfaro, así como algunos de los empleados de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
La disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), publicada este viernes en el Boletín Oficial, es parte de una serie de medidas adoptadas por el organismo desde 2025, cuando detectó irregularidades en medicamentos producidos por ambas firmas.
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En particular, el organismo había ordenado la prohibición del uso, comercialización y distribución de fentanilo, tras detectarse un desvío de calidad en ese producto.
Riesgo crítico
De acuerdo con la disposición publicada este viernes, los antecedentes reunidos “generan un estado suficientemente fundado de sospecha para concluir que los controles de calidad de las firmas (...) carecieron de eficacia, seguridad y calidad; generando un evidente riesgo para la salud pública”.
El texto advirtió que la situación “entraña un riesgo crítico, significativo, e insoslayable con aptitud para vulnerar la salud de la población”.
La Anmat señaló además que las empresas no presentaron planes para revertir las irregularidades detectadas ni solicitaron nuevas inspecciones, lo que contribuyó a la decisión de cancelar definitivamente sus habilitaciones.
Víctimas y pacientes
La Justicia argentina determinó el pasado enero un total de 159 casos -111 muertes y 48 infecciones- producidos desde finales de 2024 y durante la primera mitad de 2025 por la distribución y aplicación del medicamento contaminado en centros médicos de todo el país.
Este potente opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico, fue administrado a pacientes en unidades de cuidados intensivos de al menos una veintena de centros médicos en distintos puntos del país.
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En las ampollas cerradas del medicamento fueron halladas dos bacterias multirresistentes que coincidieron con las que se detectaron en los pacientes, muchos de los cuales murieron a causa de ellas.
El expediente, que se tramita desde mayo de 2025 en tribunales federales de la ciudad bonaerense de La Plata, investiga posibles responsabilidades penales vinculadas a la producción y control de los medicamentos.