Basado en un informe de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), el cual documenta un contexto sostenido de agresiones contra la prensa independiente nicaragüense, tanto dentro como fuera del país, esa ONG humanitaria advirtió de un peligroso patrón contra los comunicadores, incluidos exiliados.
"Los hallazgos expuestos no deben entenderse como una situación aislada del ejercicio periodístico nicaragüense, sino como parte de un patrón sistemático de persecución que se ha consolidado desde abril de 2018 y que, en la actualidad, ha trascendido las fronteras de Nicaragua, configurando un escenario de represión transnacional", señaló en una declaración el Colectivo, integrado por activistas nicaragüenses en su mayoría y con sede en San José.
El informe de la FLED, agregó esa ONG, evidencia que las agresiones contra periodistas y medios independientes nicaragüenses no solo persisten, sino que se han sofisticado mediante el uso de plataformas digitales y medios oficiales del Estado, desde donde se promueven campañas de estigmatización, amenazas directas y deslegitimación contra periodistas que ejercen su labor desde el exilio.
Para ese organismo, las prácticas denunciadas responden a una estrategia articulada estatal orientada a eliminar el ejercicio de la libertad de expresión y a debilitar el acceso a información independiente.
Asimismo, el Colectivo anotó que el informe de la FLED expone el impacto diferenciado que sufren periodistas en el exilio, quienes enfrentan condiciones de precariedad económica, incertidumbre migratoria y limitaciones en el acceso a derechos básicos, incluyendo salud y trabajo.
Al respecto, ese organismo dijo que le resultaba "preocupante que los periodistas señalados en el informe se encuentren bajo protección internacional, incluyendo a solicitantes de refugio en Costa Rica, lo que implica que las agresiones documentadas no solo vulneran la libertad de expresión, sino que también podrían constituir violaciones a las obligaciones internacionales de protección hacia personas en situación de riesgo".
Por tanto, esa ONG hizo un llamado a la comunidad internacional "a fortalecer los mecanismos de protección para periodistas en el exilio que se encuentran en apatridia de facto y que han solicitado la nacionalidad a diferentes países como España, así como reconocer y atender la dimensión transnacional de la represión en Nicaragua":
Entre 2018 y lo que va de 2026 el Gobierno de Ortega y Murillo ha cerrado al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido el diario La Prensa, Confidencial, 100 % Noticias y la Trinchera de la Noticia, según la FLED.
Además, al menos 304 trabajadores de medios de comunicación nicaragüenses, en su mayoría comunicadores, han abandonado su país por razones de seguridad o han sido desterrados desde abril de 2018.