“El Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que da inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en nuestro país”, anunció el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez en un mensaje en la red social X, acompañado de una carta a la ciudadanía, sobre una medida que confirma el anuncio de enero y que no requiere aprobación parlamentaria.
En esa carta, Sánchez justifica la medida afirmando que “es, ante todo, un acto de normalización. De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana” .
“Que quienes ya forman parte de nuestra vida cotidiana lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”, sostiene en la misiva.
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Los trámites requeridos
La ministra de Migraciones, Elma Saiz, aclaró los plazos de la regularización. “Va a comenzar esta misma semana” y “va a concluir el 30 de junio”, explicó Saiz.
“Mañana previsiblemente se publicará en el Boletín Oficial del Estado y a partir del día 16 comenzará el trámite telemático, y también se podrá pedir cita previa para el trámite presencial que empezará a partir del día 20”, ahondó.
Podrán acogerse a esta regularización las personas extranjeras que se encuentren en España antes del 31 de diciembre de 2025, acrediten al menos cinco meses de permanencia continuada en el país y carezcan de antecedentes penales.
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Respaldo de otras instituciones
Sánchez destacó que la medida “ha contado con el respaldo de la Iglesia, de los sindicatos, de los empresarios y de una sociedad civil que comparte un objetivo claro: mejorar la vida de sus vecinos y, con ello, hacer de España un país mejor”.
Sin embargo, Alberto Núñez Feijóo, líder del principal partido de la oposición, el Partido Popular, consideró que “España está exportando un problema migratorio a toda Europa”, donde rige la libre circulación de personas, y que la solución a este asunto “no es el descontrol migratorio”.
Frontalmente opuesto, el partido de extrema derecha Vox enmarcó la medida en las “políticas suicidas de Sánchez”, escribió su líder, Santiago Abascal. “Lo revertiremos”, prometió en X.
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“Reconocer la realidad”
En noviembre de 2024, Sánchez ya anunció una reforma del reglamento de extranjería para regularizar a 300.000 personas por año en el siguiente trienio, y paliar así el envejecimiento de la población en un país donde el número de nacimientos se redujo un 25,6% desde 2014, según datos oficiales.
España cuenta con una población de 49,4 millones de habitantes, de los cuales 7,1 millones de extranjeros.
A 1 de enero de 2025 residían unos 840.000 inmigrantes irregulares en España, la gran mayoría de América Latina, según el centro de investigación económica y social Funcas, muchos empleados en sectores como la agricultura, la hostelería, los cuidados y la construcción.
No es la primera vez que España recurre a una regularización masiva. Desde la década de 1980 se han llevado a cabo varios procesos similares, el más amplio en 2005, bajo el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió regularizar a más de medio millón de personas.
Para el Ejecutivo actual, la medida supone un paso central de su política migratoria. “Reconocer la realidad”, insiste Sánchez en su carta, es el primer paso para integrar a quienes ya viven y trabajan en el país, sacándolos de la economía informal y reforzando la cohesión social.