En el marco de un acuerdo (“memorando de entendimiento”) del 14 de agosto de 2025, ampliado el último 19 de febrero por los Gobiernos del Paraguay y de los Estados Unidos, que no fue sometido al Congreso, pese al art. 202, inc. 9°, de nuestra Constitución, hoy llegaría un primer grupo de veinticinco latinoamericanos, de los cuales Paraguay objetó nueve, que se hallaban en centros de detención por haber ingresado a los Estados Unidos en forma irregular. A ellos podrían seguir otros en cada vuelo, por tiempo indefinido. La referida ampliación falla por su base: no puede tener vigencia efectiva, más allá de que sea o no conveniente para las partes. La tesis de que se trataría de un asunto meramente operativo es insostenible, pues el documento original y el ampliatorio debieron ser aprobados por los legisladores. Como no ocurrió así, el acuerdo resulta absolutamente nulo, aunque diga que “entrará en vigor en el momento de su firma”: los firmantes no pueden dejar sin efecto una norma constitucional, simplemente porque así lo quieren.

El salario mínimo es una de las herramientas más discutidas dentro de la política laboral, en particular en economías con elevados niveles de informalidad como Paraguay. Si bien su objetivo central es asegurar un piso de ingresos para los trabajadores, sus efectos sobre el empleo, la productividad y los incentivos a la formalización han sido analizados desde distintos marcos teóricos, con lecturas relevantes para la realidad local.

«Venezuela aparece como la expresión concentrada de un problema estructural más amplio, una de cuyas aristas es la incapacidad de los gobiernos progresistas de la región para articular de manera sostenida la transformación material con una transformación subjetiva».

Bajo las aguas del Atlántico y el Pacífico se extiende una red de fibra óptica que transporta casi todo el tráfico de datos de América Latina. Sostiene el comercio, la política y la vida cotidiana de la región, pero es más frágil —y más disputada— de lo que parece.

En las salas de espera de veterinarias de cualquier ciudad de Latinoamérica se puede dar esta escena: alguien llama a “Luna” y se levantan dos o tres personas con correa en mano. Los registros de identificación —microchips, chapas municipales y bases de datos de grandes cadenas veterinarias— confirman la impresión: un puñado de nombres domina el mapa de perros y gatos en Latam.

El turismo con mascotas dejó de ser una rareza. Cada vez más hoteles, aerolíneas y operadores adaptan sus servicios a perros y gatos que viajan junto a sus tutores, y la playa se ha convertido en uno de los escenarios preferidos para estas escapadas. Sin embargo, en buena parte de América Latina las regulaciones municipales aún limitan o prohíben el ingreso de animales a la arena.