Los destituidos son el consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; Mario Morazán, magistrado propietario y presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y los suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, todos afines al ahora opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente de Honduras Manuel Zelaya, esposo de la expresidenta Xiomara Castro.
Otra magistrada suplente del TJE, Karen Rodríguez, que también fue denunciada para abrirle juicio político, renunció para no someterse a ese proceso.
Los funcionarios electorales son acusados por actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia, incapacidad e incompetencia en el ejercicio del cargo, durante los procesos electorales de 2025, los comicios primarios e internos del 9 de marzo, y los generales del 30 de noviembre, que ganó el actual presidente del país, Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional.
Según la denuncia, los acusados pusieron en peligro la democracia del país durante los procesos electorales de 2025.
Su destitución fue aprobada tras una sesión del Parlamento que duró nueve horas, con 88 votos de los 128 diputados que integran el Parlamento, según informó el mismo organismo. Para aprobar la destitución de los funcionarios electorales se necesitaba una mayoría calificada de al menos 86 votos.
Los 35 diputados de Libre no votaron y expresaron su apoyo a Morazán, quien además de múltiples señalamientos que le hizo la comisión especial, en un informe que fue presentado al pleno del Parlamento, respondió varias preguntas de los diputados, algunas veces con polémica.
El presidente del Parlamento, Tomás Zambrano cerró la sesión y convocó de nuevo a sesión para el próximo martes, cuando se prevé que puedan ser electos los sucesores de los funcionarios destituidos.
El pasado 25 de marzo el Parlamento destituyó al entonces fiscal general del Estado, Johel Zelaya, quien también fue sometido a juicio político, y fue sustituido por Pablo Reyes.
El nuevo fiscal general cumplirá el tiempo que le faltaba a Zelaya para concluir su período de cinco años, que se inició en 2023.
En marzo el Parlamento también aprobó abrirle juicio político a la entonces presidenta de la Corte Suprema de Justicia Rebeca Ráquel Obando, quien para no enfrentarlo renunció al cargo, pero no como magistrada del pleno de ese poder del Estado.
El Parlamento eligió entonces de manera interina al magistrado Wagner Vallecillo como nuevo titular del Supremo, quien fue ratificado por el pleno de ese poder, que integran quince magistrados y posteriormente prestó su promesa de ley ante el Parlamento.