"El Estado va a tomar las medidas que tenga que tomar para realizar el pago", afirmó el viceministro de Pensiones, José Valencia, ante los periodistas en una conferencia de prensa ofrecida junto a otros altos funcionarios del Gobierno.
Además, agregó que "el fallo confirma que Bolivia deberá pagar aproximadamente 105 millones de dólares a BBVA Previsión" y que "los plazos para el pago están también definidos" en el laudo arbitral emitido por el tribunal.
Valencia ofreció la rueda de prensa junto al procurador General del Estado, Hugo León La Faye, y el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Roger Longaric, entre otras autoridades.
"Este es el resultado y una mala herencia de las decisiones que se tomaron en las gestiones pasadas cuando llevaron adelante el proceso de nacionalización", apuntó el viceministro y agregó que es una consecuencia "de no respetar la seguridad jurídica".
El Gobierno "está evaluando y trabajando en los canales correspondientes para encontrar una solución que no implique un impacto sobre nuestra economía", agregó Valencia.
El viceministro indicó que el Ejecutivo también tiene la responsabilidad de defender los intereses del Estado.
En 2010, el entonces presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) nacionalizó el sistema de pensiones que estaba controlado por BBVA y el grupo suizo Zúrich, cuyas filiales pasaron a manos del Estado.
En 2018, el BBVA comenzó el arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en 2022 dictó un laudo arbitral que obligaba a Bolivia a indemnizar a ese banco con 105 millones de dólares por el "retraso injustificado" en el proceso de nacionalización del sistema de pensiones.
La nueva gestora de pensiones del Estado asumió finalmente el control del sistema en 2023.
León detalló el proceso de controversia entre el Estado boliviano y el BBVA hasta llegar a la última resolución del tribunal de los Países Bajos, cuyo fallo quedó "firme, definitivo e irreversible", según dijo.
A su turno, el subprocurador Longaric mencionó que el resultado es producto de las "malas decisiones políticas" tomadas en el pasado y aseguró que los plazos de pago se manejaron de forma confidencial.
"Pero tengan la certeza de que el Estado, a través de las instituciones correspondientes va a cumplir la obligación determinada, no solamente por el Tribunal Arbitral, sino también por el tribunal Supremo de los Países Bajos de la mejor manera posible", dijo Longaric.
Las autoridades bolivianas también anunciaron que iniciarán una auditoría a las estrategias de defensa del Estado en este caso y otros arbitrajes perdidos por empresas nacionalizadas, para luego iniciar las acciones correspondientes por los daños causados al Estado.
Según el Gobierno, actualmente existen procesos en curso por 800 millones de dólares.