En el análisis sobre Bolivia incluido en el capítulo sobre 'Desarrollo de los derechos humanos en la región', el organismo sostuvo que "la situación de violencia de género continúa siendo alarmante" en este país y mencionó algunos datos de la Fiscalía, como los 62 feminicidios y 127 tentativas de feminicidios reportados entre enero y septiembre.
"Además, de acuerdo con información pública disponible, en el marco de las elecciones generales algunas candidatas habrían enfrentado expresiones de violencia, amenazas y acoso tanto en espacios físicos como en plataformas digitales", señaló la CIDH.
También recordó que el año pasado "se reportaron casos de agresión física contra periodistas, incluso de violencia sexual".
En 2025, el país reportó en total 81 feminicidios y en lo que va de este año la Fiscalía tiene registro de 28 casos.
En Bolivia rige desde 2013 la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.
Por otra parte, el informe de la CIDH destacó algunos "avances" logrados por Bolivia, como la adopción de "leyes destinadas a la protección contra las uniones forzadas de niñas, niños y adolescentes, en línea con recomendaciones" del organismo.
En concreto, en septiembre fue promulgada una ley que prohíbe los matrimonios y uniones libres entre menores de 18 años o con adultos, para proteger a niños y adolescentes de esta práctica que expone a esta población a vulneraciones como abusos sexuales, embarazos no deseados y trata.
La CIDH también destacó "los esfuerzos interinstitucionales y sociales que permitieron concluir, con éxito, las elecciones generales" realizadas en agosto pasado "en un contexto marcado por la polarización política".
"Asimismo, se dieron los primeros pasos hacia una urgente reforma judicial y el fortalecimiento del acceso a la justicia, incluyendo la instalación del Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial", indicó el reporte.
La comisión mencionó que "también hubo desafíos relacionados con la falta de independencia judicial, la situación de las personas privadas de libertad" y "los riesgos enfrentados por personas defensoras de derechos humanos".
"En especial, se reiteraron episodios de conflictividad social y violencia carcelaria, el uso excesivo de la prisión preventiva y las condiciones de hacinamiento en los centros penitenciarios del país", agregó.