El fallo, del juez federal de la ciudad de Río Gallegos Claudio Vázquez, hace lugar a una acción de amparo ambiental presentada por el Gobierno municipal y el Concejo Deliberante (Poder Legislativo local) de la ciudad santacruceña de El Calafate, puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares, donde está, entre otros, el monumental glaciar Perito Moreno.
La resolución judicial dispone la suspensión dentro del territorio de Santa Cruz de los efectos de la reforma a la ley de protección de glaciares aprobada por el Parlamento argentino el pasado 9 de abril y promulgada este viernes por Milei.
El juez ordenó al Estado nacional que "se abstenga de aplicar, ejecutar o autorizar, en el territorio de la provincia de Santa Cruz, cualquier acto administrativo o decisión que tenga fundamento en la normativa cuya suspensión" dispuso el magistrado.
En su presentación judicial junto a legisladores provinciales y nacionales, las autoridades ejecutivas y legislativas de El Calafate reclamaron que la reforma aprobada por el Parlamento argentino sea declarada inconstitucional.
La reforma, cuyo debate fue impulsado por el Gobierno, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) en las que se pueden permitir las actividades mineras.
La norma modifica la ley de glaciares aprobada en 2010 en Argentina, pionera en Latinoamérica y que establece la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua.
El Gobierno de Milei ha alegado que esta modificación a la ley de glaciares era necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería, sector que ahora mismo registra fuertes inversiones, principalmente en litio, cobre y oro.
Las empresas mineras sostienen que no todos los ambientes periglaciales constituyen "reservas estratégicas de recursos hídricos" a ser protegidas y que una evaluación, caso por caso, por parte de las provincias podría habilitar proyectos productivos en áreas cercanas a los glaciares "sin función hídrica relevante".
La discusión de esta ley desató una fuerte reacción de rechazo entre organizaciones ambientalistas, que advierten que están en juego importantes reservas de agua y que no se puede permitir que los intereses de empresas privadas se sobrepongan frente a los derechos colectivos a un ambiente sano, consagrados en la Constitución nacional de Argentina.
Además del amparo presentado en Santa Cruz, el Gobierno de la provincia de La Pampa (centro) presentó un amparo colectivo contra la reforma de la ley de protección de glaciares en el que plantea la "inconstitucionalidad y la nulidad absoluta" de la norma impulsada por el Ejecutivo de Milei.
En su reclamo judicial, La Pampa señaló que, si bien no tiene glaciares en su territorio, se nutre de agua del río Colorado, que nace en un área glacial de la Cordillera de los Andes.
La batalla judicial en ciernes tiene un antecedente de peso: en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda contra aquella norma iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan (oeste).
En aquella sentencia, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.