"Exigimos prueba y fe de vida de Carlos Brenes Sánchez", un excombatiente sandinista, demandó el Grex en una declaración pública.
Ese organismo, integrado por excarcelados políticos nicaragüenses en su mayoría en el exilio, aseguró que el exmilitar sandinista es insulino dependiente, cuya enfermedad se le agravó en enero pasado por una herida que se hizo en el dedo de uno de sus pies.
El Grex responsabilizó a la pareja presidencial nicaragüense y a las autoridades del Sistema Penitenciario por "cualquier agravamiento" de la salud de Brenes.
Por su lado, el abogado nicaragüense desnacionalizado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, se sumó a la exigencia de prueba de vida del coronel en retiro, "detenido y desaparecido desde agosto de 2025".
"Exigimos su inmediata libertad y la exhibición de todas las personas presas políticas en condición de desaparición forzada, que son más de 10 personas", demandó Carrión desde el exilio en Costa Rica.
"¡Libertad para Carlos Brenes! ¡Libertad para todas las personas presas políticas en Nicaragua!", clamó el defensor de derechos humanos.
El coronel en retiro Carlos Brenes, y su esposa Salvadora Martínez, fueron detenidos en medio de una "redada" que se dio en el marco del 46 aniversario de la revolución popular sandinista, que se conmemoró el 19 de julio de 2025, luego de que Ortega ordenara "capturar" y "procesar" a quienes "conspiren" contra su Gobierno, que preside desde 2007.
A inicios de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ampliar las medidas provisionales a favor de cinco disidentes nicaragüenses presos, entre ellos Brenes, "quienes se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos".
Las medidas provisionales son emitidas por la Corte IDH en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas, con carácter obligatorio para los Estados.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de "traición a la patria".