A través de un comunicado, la organización informó que la iniciativa surge como "una respuesta constructiva" ante la realidad extendida de ciudadanos venezolanos que enfrentan serias limitaciones para acceder a trámites como la emisión y renovación de pasaportes y registros civiles, "una situación que los expone a condiciones de vulnerabilidad y dificulta su regularización migratoria".
En el caso de Perú, la Embajada de Venezuela cerró sus puertas en julio de 2024 después de que ambos países rompieran relaciones, debido a que el Gobierno de Perú reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras las elecciones celebradas ese año.
"La propuesta está especialmente dirigida a garantizar acceso a servicios consulares básicos para ciudadanos venezolanos que residen en países de la región donde actualmente no existe presencia consular activa, como Perú, Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia, entre otros", indicó el presidente de la Unión Venezolana en Perú, Óscar Pérez, quien agregó que ningún venezolano debería quedar indocumentado ni expuesto a la vulnerabilidad por no poder acceder a servicios consulares esenciales.
La iniciativa se fundamenta en la evolución de los Estados hacia modelos de gobierno digital, que buscan acercar los servicios públicos a los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica.
En ese sentido, los consulados digitales no se presentan como una sustitución de las representaciones consulares tradicionales, sino como un mecanismo complementario, moderno y escalable, capaz de atender de manera eficiente a la diáspora venezolana.
Entre los servicios que podrían integrarse destacan la validación de identidad digital, emisión de documentos consulares electrónicos, registro de nacimientos en el exterior, apostilla y legalización digital de documentos, emisión de salvoconductos para retorno voluntario, entre otros.
"La ausencia o limitación de servicios consulares no solo afecta a los ciudadanos venezolanos, sino que también genera impactos en los países de acogida, al dificultar procesos de regularización migratoria y aumentar los niveles de informalidad", agregó Pérez.
La iniciativa está dirigida al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, encabezado por el canciller Yván Gil Pinto, como una propuesta que busca sumar soluciones desde una visión técnica, humanitaria y de cooperación.
"Esta no es una propuesta de confrontación, es una propuesta de solución. Se trata de acercar el Estado a sus ciudadanos, incluso más allá de sus fronteras, utilizando herramientas que hoy ya son una realidad en el mundo", expresó Pérez.
Así mismo, la Unión Venezolana plantea la posibilidad de articular esfuerzos con organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como con los países receptores, a fin de garantizar mecanismos de validación y reconocimiento que fortalezcan su implementación.