De manera unánime, los tres jueces del tribunal del Segundo Circuito, en Nueva York, rechazaron la interpretación que el Gobierno le está dando a la ley de migración, al forzar a las personas que son arrestadas por las autoridades migratorias a permanecer detenidas mientras se resuelven sus casos, procesos que pueden durar meses o incluso años.
En el fallo, los jueces señalaron que, aceptar esa política, supondría "el mandato más amplio de detención masiva sin derecho a fianza en la historia de nuestro país para millones" de migrantes.
"La interpretación del Gobierno (...) provocaría un impacto sísmico en nuestro sistema de detención migratoria y en la sociedad, al poner bajo presión una infraestructura de detención ya saturada, encarcelar a millones de personas, separar familias y desestabilizar comunidades", explicó el tribunal.
Bajo las nuevas políticas de Trump, adoptadas el año pasado, cualquier persona que entró de manera irregular a EE.UU. está sujeta a ser detenida sin fianza, sin importar cuánto tiempo ha permanecido en el país.
Esta política migratoria supuso un cambio importante respecto a cómo ha funcionado esa ley en el pasado, ya que solo aplicaba para las personas que eran detenidas en los puertos de entrada, por ejemplo en la frontera sur, o quienes eran consideradas una amenaza para la seguridad pública.
Como consecuencia de esta nueva interpretación, paralela a la campaña de arresto masivo de migrantes en el interior del país, la cantidad de personas en detención migratoria ha alcanzado máximos históricos.
En enero de este año, la Administración Trump mantuvo detenidos a más de 70.700 migrantes, la cifra más alta de la que se tenga registro.
La situación ha llevado a que miles de migrantes en todo el país hayan presentado recursos de habeas corpus en cortes federales para pedir su liberación, con un promedio de doscientos nuevos casos al día, la mitad de ellos en California y Texas, según datos recopilados por el medio ProPublica.
No obstante, la decisión de la corte de Nueva York sólo aplica a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont, que están bajo la jurisdicción del tribunal.
Otras cortes de apelaciones en otras partes del país, entre ellas el quinto circuito (Texas, Luisiana, Misisipi), y el octavo circuito (Arkansas, Iowa, Minesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y Dakota del Sur) han fallado, en casos separados, a favor de la política de detención mandatario republicano.