Este comportamiento de las autoridades chinas se ha vinculado a la medida judicial panameña que ordenó la salida de un cuestionado operador hongkonés de dos puertos cercanos al Canal de Panamá, una decisión que tuvo lugar en plena lucha geopolítica entre Estados Unidos y China.
"Agradezco la solidaridad de países amigos con relación al problema que enfrentan naves panameñas en puertos chinos. Las decisiones nuestras se sustentan en un Fallo de la Corte Suprema como Órgano independiente del Estado. No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones", escribió el gobernante en su cuenta de X.
Estados Unidos, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad y Tobago acusaron este miércoles a China de "politizar el comercio marítimo" y de ejercer "presión económica selectiva", tras el aumento de los controles de buques de bandera panameña en puertos del gigante asiático.
"Panamá es un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo y, como tal, debe permanecer libre de presiones externas indebidas. Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá representa una amenaza para todos nosotros", subrayaron los seis países.
Anteriormente, Perú e Israel también expresaron su respaldo al Estado panameño ante la retención "desproporcionada" en los puerto chinos de buques con bandera de Panamá, que posee la marina mercante más grande del mundo, con 8.638 naves abanderadas y 233,2 millones de toneladas de registro bruto, como afirma el gobierno del país centroamericano.
Según dijeron fuentes panameñas a EFE a inicios de este mes de abril, tres de cada cuatro buques que atracan en puertos chinos son inspeccionados.
Estas retenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas, o inspecciones adicionales, por parte de las autoridades portuarias chinas.
El Supremo de Panamá anuló el pasado 30 de enero la concesión a 25 años otorgada en 1997 a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado chino CK Hutchison, así como la prórroga por igual lapso aprobada en el 2021, para operar los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) en respuesta a dos demandas de la Contraloría General.
La afectación a la soberanía o la falta de equilibrio económico están entre los principales argumentos que sustentan el fallo judicial inapelable, que dio paso a la ocupación de los dos puertos por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que ha negado que se trate de una expropiación.
El 23 de febrero pasado, la AMP entregó la operación transitoria, por hasta 18 meses, del puerto de Balboa a APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y de Cristóbal a Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC).
CK Hutchison y su filial en Panamá, PPC, han interpuesto un arbitraje contra el Estado panameño por más de 2.000 millones de dólares y otro contra Maersk por un monto no revelado.