El jueves, el Gobierno militar, liderado por el general golpista Min Aung Hlaing, anunció la excarcelación de Suu Kyi, de 80 años, y su arresto domiciliario, en el marco de una amnistía para 1.508 presos y apenas dos semanas después de la liberación del expresidente democrático Win Myint, beneficiado por otra medida similar.
Hasta el momento, ni los abogados ni el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), han podido confirmar el cambio, ya que siguen sin tener información sobre el paradero de la exlíder, según declararon a EFE el viernes.
Los militares, que ordenaron el arresto de Suu Kyi en 2021 tras el golpe de Estado, difundieron el jueves por televisión imágenes de Suu Kyi en las que aparece visiblemente delgada y con su característica cola de caballo, sentada frente a dos agentes de seguridad, aunque no ha sido posible verificar la fecha de las grabaciones.
Las autoridades aseguraron haber aprobado su traslado a una residencia, sin dar detalles del lugar ni confirmar si su siguiente destino será su emblemática casa de Rangún, convertida en icono de la resistencia birmana tras pasar más de una década bajo arresto domiciliario.
La medida llega en un momento clave para el Gobierno birmano, que busca ganar legitimidad internacional más de cinco años después del golpe de Estado que acabó con la transición democrática, liderada por Suu Kyi, y apenas veinte días después de formalizar la disolución de la junta militar con la jura como presidente del golpista Min Aung Hlaing.
Su toma de posesión tuvo lugar después de unas elecciones organizadas por la cúpula militar entre diciembre y enero, celebradas en un clima de represión en zonas dominadas por el Ejército, que apenas controla la mitad del país, y que carecieron de oposición representativa.
Min Aung Hlaing, sospechoso de un posible genocidio por su persecución contra la minoría musulmana rohinyá, era el jefe del Ejército cuando en 2021 encabezó el golpe que derrocó a Suu Kyi y a su Gobierno, poniendo fin a una década de transición democrática y agravando la guerra civil que el país arrastra desde hace décadas.
Desde ese momento, Birmania entró en una espiral de crisis y ostracismo internacional sin precedentes, con más de 22.000 personas que siguen detenidas y 8.000 muertos a manos del Ejército y las fuerzas de seguridad, según los datos difundidos el viernes por la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos del país.
En un intento por recomponer su imagen internacional, el régimen birmano ha comenzado a dar pasos para revertir su aislamiento y, en ese contexto, el pasado viernes, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) urgió a las autoridades militares a liberar a Suu Kyi "en aras de la paz y de una reconciliación genuina".
El reconocimiento de los países de la región se perfila como una de las principales prioridades del régimen, que desde el golpe ha visto muy limitada su interlocución internacional, más allá del apoyo puntual de la vecina China, Rusia y Bielorrusia.
Días antes, Tailandia, que cada año acoge a miles de refugiados birmanos, anunció que se ofrece a ayudar al gobierno a normalizar sus relaciones con la ASEAN, de la que Naipyidó fue vetada de las cumbres de alto nivel ante la falta de avances de la cúpula castrense para poner fin al conflicto tras el golpe.
Sin confirmación sobre su paradero ni indicios de que vaya a ser liberada por el momento, la situación es incierta. Su traslado podría despertar esperanzas de cambio y revitalizar el movimiento pro democrático, si bien este se encuentra en parte en el exilio y, según fuentes, dividido.
El próximo pasó dependerá también de si países de la región y de fuera consideran este gesto suficiente para retomar relaciones con la junta.