El ministro del Interior, Tony Burke, señaló en un comunicado que las autoridades no brindarán asistencia al grupo, compuesto por 13 personas, cuatro mujeres y nueve menores, aunque advirtió que las agencias de seguridad están preparadas para su eventual llegada y que "una parte será detenida".
"Estas son personas que han tomado la terrible decisión de unirse a una organización terrorista peligrosa y de colocar a sus hijos en una situación indescriptible", afirmó Burke.
El ministro añadió que cualquier integrante que haya cometido delitos enfrentará las consecuencias legales correspondientes. "Como hemos dicho muchas veces, cualquier miembro de este grupo que haya cometido crímenes puede esperar enfrentar todo el peso de la ley", subrayó.
Burke indicó además que las agencias de inteligencia y seguridad llevan más de una década preparándose para este tipo de escenarios, con "planes de larga data para gestionarlos y vigilarlo".
El caso se enmarca en intentos recientes de retorno de ciudadanos australianos vinculados al grupo yihadista. En febrero, el Gobierno emitió una orden temporal de exclusión contra uno de los 34 australianos que intentaron regresar desde un campamento en el noreste de Siria, una medida que puede impedir su entrada durante hasta dos años.
Según explicó entonces Burke, la decisión fue adoptada "por recomendación de las agencias de seguridad", mientras el resto del entonces grupo, 11 mujeres y 23 menores, permanecía retenido desde hace más de seis años en el campamento de Al-Roj, en el noreste sirio, tras la caída territorial del EI en 2019.
En ese episodio, autoridades sirias frustraron el traslado del grupo hacia Damasco y les obligaron a regresar al campamento.
Aunque el Ejecutivo no facilitara el regreso del nuevo grupo, Australia tiene obligaciones internacionales de permitir el retorno de sus ciudadanos y, según expertos, mantenerlos en campamentos podría aumentar el riesgo de radicalización.
El caso reaviva el debate en Australia sobre cómo gestionar el retorno de familiares de combatientes extremistas extranjeros, en un contexto de renovada preocupación por la seguridad tras el atentado del pasado diciembre contra la comunidad judía en Sídney, motivado por la ideología del EI, según Camberra.
El EI celebró días después haber "inspirado" el incidente, aunque no reivindicó su autoría directa.
El Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU estimó en 2014 que más de 30.000 combatientes extranjeros viajaron a zonas de conflicto en Oriente Medio para unirse a organizaciones como Al Qaeda y el EI.