La iniciativa busca aprovechar el potencial de Brasil en minerales como níquel, litio, grafito y tierras raras, fundamentales para la fabricación de baterías, motores eléctricos y energías renovables, así como reducir la dependencia externa en insumos agrícolas como el potasio y el fosfato.
El proyecto fue aprobado sin necesidad de votación gracias a un acuerdo al que adhirieron todos los partidos, incluyendo los de oposición, y ahora depende de su aprobación en el pleno del Senado para que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pueda sancionarlo.
La aprobación en la Cámara Baja se produjo en vísperas del encuentro que el líder progresista brasileño tendrá el jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en el que será discutida la posible cooperación de los dos países en la explotación de minerales críticos.
La iniciativa aprobada prevé la concesión de hasta 5.000 millones de reales (unos 950 millones de dólares o 890 millones de euros) en incentivos fiscales entre 2030 y 2034 para estimular el desarrollo del sector, así como la creación de un fondo que le permita al Gobierno conceder créditos a las empresas que exploten tierras raras.
Otras medidas de la iniciativa prevén líneas de crédito diferenciadas para la investigación tecnológica, apoyo al licenciamiento ambiental y un régimen aduanero especial para exportación e importación de bienes vinculados a la cadena de producción.
Uno de los principales objetivos del proyecto es que Brasil pueda refinar los minerales y agregarles valor en el país, para no perpetuarse como un exportador de materias primas.
Con la nueva política, Brasil, dueño de las mayores reservas de minerales críticos después de China, busca consolidarse como proveedor clave en la transición energética global, aunque las organizaciones ecologistas aseguran que el modelo podría reproducir impactos socioambientales sin garantizar una transición justa.
El Observatorio do Clima, una red que vincula más de un centenar de organizaciones defensoras del medioambiente, alertó que el texto puede profundizar el modelo extractivista.
Asimismo señaló que no garantiza beneficios públicos y conlleva graves amenazas al medio ambiente y a comunidades tradicionales.
En una nota técnica, la red apuntó riesgos como la aceleración de proyectos sin salvaguardas suficientes, la expansión de incentivos fiscales sin una gobernanza robusta y la incoherencia climática que podría derivar en 'greenwashing' regulador.
"El proyecto permite acelerar el licenciamiento sin reforzar el control técnico y la fiscalización. Eso aumenta la inseguridad jurídica y genera licencias frágiles", afirmó Adriana Pinheiro, del Observatorio do Clima.
Thales Machado, de Conectas Direitos Humanos, advirtió que la política "puede aumentar violaciones de derechos humanos al darle prioridad a la expansión de la minería sin exigir salvaguardas efectivas", especialmente en territorios indígenas y comunidades tradicionales.