Casso fue citado a declarar esta jornada ante la Fiscalía en la ciudad central de Cochabamba, tras lo cual, el Ministerio Público emitió una "resolución de aprehensión" en su contra "al existir suficientes elementos en cuanto a su participación" en el hecho investigado, dijo a los medios en La Paz el fiscal Wálter Lora.
También se dispuso el traslado del exgerente de Cochabamba a La Paz, donde será "puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional", señaló el fiscal.
Casso está investigado por los presuntos delitos de "conducta antieconómica e incumplimiento de deberes", dentro del caso abierto por una denuncia que presentó el Viceministerio de Transparencia.
Según el fiscal, también son investigados quienes integraron el directorio de BoA cuando se aprobó la ruta a La Habana y el entonces ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, quien está encarcelado preventivamente desde enero por otra investigación por presuntas irregulares en una obra vial.
Estas personas serán citadas a declarar próximamente, señaló Lora.
El daño económico que inicialmente se investiga por la apertura de la ruta es de "14,4 millones de bolivianos (2 millones de dólares)", indicó.
En abril, el viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció que la ruta de BoA desde la ciudad oriental de Santa Cruz hacia La Habana fue operada por "razones ideológicas" y sin estudios de viabilidad "técnica", lo que causó un daño económico total de 18,4 millones de bolivianos (unos 2,6 millones de dólares) al Estado en dos años.
García indicó entonces que del monto total denunciado, por costos operativos, el daño asciende a 14,4 millones de bolivianos (unos 2 millones de dólares), ya que el avión asignado a la ruta era un Boeing 737-800 con capacidad para 168 pasajeros, aunque su ocupación siempre fue baja, según la auditoría.
A los 14,4 millones de bolivianos se suman otros 4 millones de bolivianos (más de 574.000 dólares) porque la aerolínea debía hacer pagos en La Habana en dólares y adquirió divisas en el mercado paralelo a un tipo de cambio de 17,5 bolivianos, frente a la cotización oficial de 6,96 bolivianos por dólar, según la denuncia.
Al respecto, el viceministro de Transparencia señaló entonces que "BoA se tomó la libertad de contratar a intermediarios financieros que le han cobrado 10 % adicional por realizar este tipo de operaciones cambiarias en el mercado paralelo".
El fiscal Lora señaló que la investigación incluirá indagaciones sobre la denuncia respectiva a los dólares.