"Tenemos cuatro personas arrestadas, ellas van a ser puestas a disposición del juez, debido a que una de ellas tiene relación directa con la muerte del magistrado, las otras tienen una participación accesoria", declaró a los medios la fiscal del caso Yolanda Aguilera.
Aguilera mencionó que los detenidos tuvieron un supuesto rol de "colaboración o complicidad en el hecho", pero que existe una mayor responsabilidad en uno de ellos, para el cual se pedirá la detención preventiva por los presuntos delitos de complicidad en asesinato y porte de armas de fuego.
Asimismo, indicó que los detenidos también son investigados por una unidad antinarcóticos, aunque aclaró que por el momento no se tiene a los "autores materiales" del crimen.
La fiscal precisó que "se ha solicitado la reserva de la investigación", ante la necesidad de "preservar" la identidad y seguridad de los declarantes.
El suceso ocurrió hace una semana, cuando el juez Claure circulaba en un vehículo en la ciudad oriental de Santa Cruz, a donde viajó para participar en una actividad del órgano Judicial, cuya sede es Sucre, la capital constitucional de Bolivia.
Claure fue interceptado por unos hombres en motocicleta y uno de ellos lo acribilló, causándole la muerte.
Tras este suceso, la Policía activó "cápsulas de seguridad" para proteger a otros 13 altos magistrados que también se encontraban en Santa Cruz y el Ministerio Público conformó una comisión para investigar el hecho.
Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el TA y el Consejo de la Magistratura pidieron el martes al Gobierno de Rodrigo Paz la aplicación de medidas de seguridad y protección permanentes para ellos y sus núcleos familiares directos, ante la "extrema gravedad" que supone el suceso.
La Policía presume que el crimen contra Claure está relacionado con sus decisiones sobre temas de tierras.
La comisión de investigación efectuó recientemente pesquisas en las oficinas del TA en Sucre, en las que se recogió documentación relacionada con el caso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el suceso y pidió una investigación "pronta y exhaustiva" para identificar a los responsables del crimen.
Este asesinato es uno de los al menos doce crímenes por sicariato que se han producido este año en Bolivia, algunos de los cuales el presidente Paz atribuyó a pugnas por la reorganización de la banda del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que fue capturado y entregado a EE.UU. en marzo pasado.