Organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos políticos, activistas y la Defensoría del Pueblo lamentaron la muerte de Quero y reclamaron al Estado una investigación exhaustiva e independiente de este caso.
Este hecho revivió, además, las denuncias sobre las condiciones de reclusión de los presos políticos, el respeto a sus derechos humanos y la impunidad en el sistema judicial que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez busca reformar.
"Es imperioso que los organismos competentes ordenen una investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia", señaló la Defensoría en un comunicado publicado en Instagram.
La institución indicó que "este trágico acontecimiento evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas profundas orientadas a erradicar los abusos, la impunidad y las debilidades institucionales que persisten en el país".
Horas después, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación penal a cargo de la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos y ordenó realizar "con prontitud" la exhumación del cadáver.
Quero, de 51 años, estaba detenido desde enero de 2025 y, según datos de la ONG Foro Penal, el "motivo aparente" de su arresto se remonta a su pasado institucional, dado que "supuestamente" prestó servicio militar en 2023.
Su madre, Carmen Navas, llevaba meses denunciando la detención y la desaparición de su hijo, pero fue hasta este jueves que el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó el deceso del preso político.
A través de un comunicado, la cartera de Estado indicó que Quero se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".
Según el texto oficial, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar".
El ministerio aseguró que, durante su proceso de reclusión, Quero "no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal".
Sin embargo, ONG y líderes políticos cuestionaron ese argumento.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón señaló en X que el "supuesto desconocimiento de los vínculos familiares" de Quero "carece de sustento documental", y aseguró que Carmen Navas realizó "múltiples diligencias" ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para obtener información sobre la situación y paradero de su hijo.
De igual forma, el director presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, advirtió en X que la madre de Quero fue "muchas veces" a El Rodeo I y "negaban su paradero", algo que calificó como "indignante".
En la misma red social, el coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, indicó que la Fiscalía debe investigar al ministro penitenciario, Julio García Zerpa, al exfiscal general Tarek William Saab y al exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz.
Asimismo, el líder opositor Edmundo González Urrutia publicó en X que lo sucedido con Quero "se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido".
González Urrutia consideró que "no hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos".
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), que lidera la opositora y premio nobel María Corina Machado, indicó que la muerte del preso político "no es un fallecimiento común", sino "un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I".
De acuerdo al registro que llevaba Foro Penal hasta diciembre pasado, 17 presos políticos habían muerto en custodia del Estado desde 2014.
Foro Penal registra actualmente 454 presos políticos en el país, pese a haberse aprobado una de ley de amnistía el pasado febrero como parte del "nuevo momento político" que promueve la presidenta encargada del país.