Centenares de fabriles, maestros y mineros marcharon desde una céntrica avenida de La Paz hacia las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde permanecen desde el miércoles los manifestantes arrestados.
Agentes antimotines custodiaron la Felcc, situada a dos calles de la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo, frente a las que la Policía también instaló un cerco de seguridad con barreras de hierro.
El máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, dijo a los medios que las causas de la detención de los manifestantes "son falsas" y aseguró que la movilización no se retiraría del lugar "hasta que se libere" a todos los retenidos.
El miércoles, los manifestantes se enfrentaron con policías antimotines en un intento por ingresar a la plaza Murillo y, en paralelo, decenas de trabajadores fabriles ocuparon la sede del Ministerio de Trabajo para pedir la renuncia de su titular, Edgar Morales, al que acusan de no solucionar los reclamos salariales del sector.
Los manifestantes defendieron su acción como "una toma simbólica" del edificio por varias horas, aunque la Policía después retomó el control y arrestó a trece trabajadores, de los que uno fue liberado y doce permanecen aprehendidos.
Argollo aseguró que la ocupación del ministerio fue "pacífica" y que supuestamente un grupo de dirigentes ingresó con el permiso de una autoridad, pero que poco después "han sido emboscados y detenidos".
Por su parte, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, dijo a los medios que la ocupación del ministerio "fue un acto violento" que ejerció "un sector que consideró que tiene la libertad para entrar y violentar un espacio público" y que eso "no se puede aceptar".
Paz afirmó que su Gobierno apuesta por el diálogo ante la conflictividad y también sostuvo que "la violencia no se acepta", "no ayuda" y que "es una suerte de sicariato".
La COB ha liderado esta semana protestas callejeras para exigir un aumento salarial del 20 % y la atención de varias demandas, entre ellas un compromiso de no privatizar empresas estatales y la eliminación de una ley de tierras, algo que también pide un grupo de campesinos e indígenas de la Amazonia que están en La Paz desde el lunes.
Durante la jornada de hoy, un diputado del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) denunció, ante la Fiscalía, a Argollo por supuestamente tramitar de forma irregular una declaración de "invalidez" laboral que, sumada a su salario y otros bonos, hace que reciba mensualmente 47.000 bolivianos (6.752 dólares).
La protesta de la COB está respaldada por sectores campesinos que iniciaron el miércoles bloqueos de carreteras en el altiplano de La Paz para exigir la renuncia del presidente, lo que ha afectado a los desplazamientos hacia el interior del país y hacia Perú y Chile.