El hombre, de 35 años y detenido en su domicilio de Mallorca por una unidad especial de la Policía Nacional española en virtud de una orden de detención europea, es sospechoso de gestionar plataformas de comerció ilegal en internet, informaron la Oficina Central para la lucha contra la Ciberdelincuencia (ZIT) de la Fiscalía General de Fráncfort y la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) en un comunicado.
El sospechoso está acusado de haber creado y administrado, tan solo unos días después del cierre de la versión anterior de 'Crimenetwork' y de la detención de su entonces administrador en diciembre de 2024, una infraestructura técnica completamente nueva a la que también denominó 'Crimenetwork'.
Se le imputan, además, otros delitos, como el tráfico de estupefacientes en cantidades considerables.
La plataforma había sido durante muchos años, y hasta su cierre por parte de las fuerzas del orden a finales de 2024, uno de los principales mercados de la economía sumergida de habla alemana.
La nueva versión de la plataforma, que contaba con más de 22.000 usuarios y más de cien vendedores, ofrecía una gama igualmente amplia de productos y servicios ilegales, entre los que se incluían datos robados, drogas y documentos falsificados.
Los usuarios de la nueva plataforma utilizaban criptomonedas como Bitcoin, Litecoin y Monero para realizar sus transacciones.
Durante la operación, coordinada internacionalmente, las fuerzas del orden se incautaron de numerosas pruebas que apuntan a que el volumen de negocio de la plataforma superaba los 3,6 millones de euros, además de activos presuntamente incriminatorios relacionados directamente con 'Crimework' por valor de unos 194.000 euros.
El operador de la plataforma recibía comisiones por la tramitación de las ventas y los vendedores abonaban cuotas mensuales por publicidad y licencias de venta.
El fiscal jefe y portavoz de la ZIT, Benjamin Krause, indicó, por su parte, que el presunto administrador de la versión anterior de 'Crimenetwork' fue condenado en marzo pasado a siete años y diez meses de prisión y que el tribunal ordenó la confiscación de más de diez millones de euros de beneficios.