La sentencia fue dictada en primera instancia, por lo que Díaz todavía puede apelar.
Tras conocerse el caso a principios de julio, el exasambleísta estuvo prófugo de la justicia durante trece días hasta que se entregó a las autoridades en el sector de Tumbaco, a las afueras de Quito, capital del país andino, y permanece en prisión preventiva desde entonces.
Además, y durante la misma semana, la Fiscalía realizó tres allanamientos en la capital ecuatoriana en el marco de la investigación, durante los cuales la Policía confiscó documentos y dispositivos electrónicos, incluidos ocho teléfonos móviles, con el objetivo de recabar indicios.
También se conoció que, cinco días antes de que se hiciera público el caso, Díaz había propuesto ante la Asamblea Nacional (Parlamento) una reforma del artículo 175 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para que la edad de consentimiento para una relación sexual bajara de 18 a 14 años.
Con todo, Díaz está vinculado al denominado caso 'Caja Chica', en el que la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, al expresidente Rafael Correa (2007-2017) y a otros miembros de la Revolución Ciudadana, al presumir que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023".
En el marco de esa investigación, Díaz, exjefe de campaña del correísmo, dijo, sin aportar pruebas, que movió por disposición de Correa "dinero desde Venezuela a Ecuador".
En el Gobierno de Correa, Díaz ocupó desde 2009 cargos en la Presidencia de la República, en la Secretaría Nacional del Agua, en el Tribunal Contencioso Electoral y en la Corporación Nacional de Electricidad.
Entre 2014 y 2018 ejerció como asesor de la ya desaparecida Secretaría de Inteligencia (Senain) y, durante las elecciones presidenciales de 2021, fue nombrado procurador de la Alianza Unión por la Esperanza (Unes), el movimiento que impulsaba las candidaturas de los correístas Andrés Arauz y Carlos Rabascall para la presidencia y vicepresidencia, respectivamente.