"Las desviaciones del sistema de justicia penal han existido y existen. Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía, eso debe cesar", dijo en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Familiares de presos políticos habían denunciado el pasado marzo cobros en dólares en algunos tribunales para entregarles la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados como parte de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero.
La normativa contempla un período de 27 años, desde 1999 -cuando el chavismo llegó al poder-, pero señala que se concederá a personas vinculadas con 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del tiempo establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
Según Rodríguez, más de 9.000 personas han sido beneficiadas, cuando el pasado 22 de abril eran 8.616, de las cuales la gran mayoría tenía medidas cautelares que restringían su libertad.
La mandataria afirmó que hoy tiene una "visión distinta" de Venezuela y que conoce "más a profundidad los problemas" del país gracias al trabajo del Programa por la Convivencia Democrática y la Paz creado el pasado enero, pocas semanas después de asumir como presidenta encargada tras la captura en enero pasado de Nicolás Maduro, en Caracas, por parte de Estados Unidos.
En ese sentido, la líder chavista pidió a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una "doctrina sobre la diversidad" sexual "como un derecho humano fundamental", lo que, dijo, ha "entendido con mayor amplitud" gracias al programa.
En Venezuela, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse, entre otras prohibiciones que motivan las luchas de la comunidad LGTBI.