Un nuevo análisis de monitoreo satelital de alta resolución desarrollado por Conservación Amazónica (ACCA,) evidencia "una preocupante reactivación de la actividad minera durante el segundo semestre de 2025 y los primeros meses de 2026", en el interior de la reserva.
Los hallazgos forman parte del nuevo reporte, que documenta no solo la magnitud del daño ambiental, sino también la creciente presión criminal sobre un ecosistema clave para la biodiversidad global.
Los datos muestran que en 2025 la deforestación minera dentro de Tambopata, que resguarda algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta, superó las 400 hectáreas, una cifra incluso mayor a la registrada durante los años considerados más críticos de invasión minera, entre 2016 y 2017.
La expansión se concentra principalmente en la zona norte de la reserva, en sectores aledaños al río Malinowski, un corredor históricamente vulnerable frente al ingreso de operadores ilegales.
Analizando imágenes satelitales de muy alta resolución espacial se ha detectado un total de 183 infraestructuras mineras, 67 campamentos en cinco zonas y alrededor de 1.000 personas involucradas en las actividades de minería ilegal de oro detectadas en la reserva.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es que la expansión minera se viene registrando cerca de puestos de control de la Reserva Nacional.
Las imágenes satelitales muestran un patrón claro: apertura de nuevas pozas, instalación de maquinaria y expansión de campamentos dentro del área protegida, algo que para el director de Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica-ACCA, Sidney Novoa, es "especialmente preocupante".
"Esto incrementa significativamente el nivel de riesgo para los guardaparques que cumplen la labor de proteger la Reserva Nacional Tambopata y evidencia la necesidad de adoptar medidas urgentes y de mayor alcance", precisó.
El reporte identifica una combinación de factores económicos, institucionales y políticos detrás de esta nueva expansión, entre ellos el incremento sostenido del precio internacional del oro, que durante 2025 alcanzó niveles récord, aumentando significativamente la rentabilidad de la extracción ilegal.
Asimismo, el análisis advierte que el actual contexto político e institucional estaría favoreciendo la reactivación de estas economías ilícitas a través de las sucesivas prórrogas del registro de mineros informales y el debilitamiento de normas vinculadas a la lucha contra el crimen organizado.
El caso de Tambopata "evidencia que las respuestas basadas únicamente en operativos no son suficientes si continúan debilitándose los mecanismos de control ambiental, fiscalización y lucha contra el crimen organizado".