"La crisis energética no debe utilizarse para justificar el atropello de los derechos de las personas y la destrucción de la biodiversidad", afirmó la investigadora de Corporate Europe Observatory Rachel Tansey.
El informe 'Permiso para contaminar' sostiene que algunas medidas presentadas por Bruselas para reducir cargas administrativas y acelerar proyectos estratégicos pueden debilitar evaluaciones medioambientales, limitar la participación de las comunidades afectadas y restringir el acceso a la justicia.
Según la organización, esa agenda afecta a sectores como la minería, el gas fósil, la captura, transporte y almacenamiento de CO2, el hidrógeno o los centros de datos, que podrían beneficiarse de procedimientos acelerados al ser considerados de "interés público" o "estratégicos".
La ONG sostiene además que la Comisión ha abierto nuevos procesos de consulta con una fuerte presencia de representantes industriales y que Bruselas combina la aceleración de permisos con nuevas herramientas de apoyo financiero público, entre ellas medidas de reducción de riesgos y normas más flexibles sobre ayudas de Estado.
El informe incluye tres estudios de caso para ilustrar sus críticas. Uno se refiere a una mina de hierro y tierras raras en el norte de Suecia, que según la ONG amenaza el modo de vida de comunidades indígenas sámi y ha sido catalogada como proyecto estratégico bajo la Ley de Materias Primas Críticas.
Otro aborda los planes europeos para desplegar hasta 19.000 kilómetros de tuberías de CO2 de aquí a 2050, con un coste estimado de hasta 23.000 millones de euros, infraestructuras que la organización considera peligrosas y que, a su juicio, pueden prolongar la dependencia de los combustibles fósiles.
El tercer caso se centra en Irlanda, donde la expansión de centros de datos vinculados a la digitalización y la inteligencia artificial estaría elevando la demanda eléctrica, los precios de la energía los riesgos de apagones y la necesidad de nuevas infraestructuras fósiles.