"Ese juicio debe ser público y transparente. Estamos hablando de la principal industria del país y quizás del caso de corrupción más importante de lo que va de este siglo", dijo la integrante del buró político del comité central del PCV Neirlay Andrade, citada en una nota de prensa difundida este martes.
La solicitud llega justo cuando varios medios de comunicación venezolanos informan sobre el inicio de audiencias de juicio del también exvicepresidente, sin que hasta el momento alguna autoridad haya informado sobre el proceso.
La dirigente insistió en que el país debe conocer las deliberaciones judiciales y las responsabilidades políticas, debido a que este caso también involucra a otros funcionarios vinculados al oficialismo.
El Aissami fue detenido el 9 de abril de 2024, según informó entonces el fiscal general Tarek William Saab, luego de más de un año de silencio en medio de investigaciones por el escándalo de corrupción que le llevó a renunciar a su cargo como presidente de PDVSA y ministro.
Además de El Aissami, también fue detenido el exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) Simón Alejandro Zerpa, luego de "recientes delaciones de, al menos, cinco testigos" entrevistados por funcionarios del Ministerio Público, dijo entonces Saab.
Según explicó la Fiscalía en ese momento, las autoridades detectaron y desmantelaron "una red de funcionarios" que "usaban sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales" mediante "la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y a particulares, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación" de PDVSA.
Por el caso se habían anunciado más de 60 detenciones.
El Aissami fue vicepresidente de Nicolás Maduro entre 2017 y 2018, cuando fue sustituido por Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada tras la captura del mandatario venezolano por parte de Estados Unidos.
El exzar petrolero además fue sancionado por Estados Unidos en 2017, un mes después de su nombramiento como vicepresidente, acusado de "desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos".