El coordinador regional para América Latina y el Caribe del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD-UGT, de España), Ramiro Vega, señaló que las dificultades para el sindicalismo no son nuevas en Ecuador, un país que, aseguró, en las últimas décadas ha tenido una tasa de afiliación muy baja promovida por la propia "normativa".
Sin embargo, observan que actualmente hay un ataque "mucho más duro" hacia los sindicatos y hacia el trabajo de los líderes.
Jordania Ureña, secretaria general adjunta de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recordó que el índice global de 2025 de violaciones a derechos laborales de la organización ubicó a Ecuador como el tercer país del mundo con peores condiciones para el ejercicio de la libertad sindical, solo superado por Bangladesh y Filipinas.
Agregó que el país andino ha permanecido en esta lista de naciones más problemáticas desde 2023 y aseguró que ha sido examinado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) durante 12 años por "incumplimientos graves de convenios fundamentales".
"Ecuador es uno de nuestros países en el círculo de preocupación", afirmó.
Los dirigentes llegaron a Ecuador para recoger testimonios y documentar denuncias sobre persecución a dirigentes, despidos masivos, trabas a la organización sindical y presuntas vulneraciones de derechos laborales y han pedido reunirse con autoridades gubernamentales para encontrar soluciones.
En ese marco, la misión sindical internacional fue recibida por la Defensoría del Pueblo y durante el encuentro se abordaron casos específicos como el de Furukawa, la empresa de capitales japoneses sentenciada por esclavitud moderna por la Corte Constitucional ecuatoriana, y reclamaron el cumplimiento del fallo, emitido hace más de un año.
Ureña calificó el intercambio con la Defensoría como "positivo" y señaló que la institución mostró apertura para escuchar las denuncias presentadas por los gremios sindicales internacionales.
También solicitaron reuniones con el ministro de Trabajo, Harold Burbano, pero no sabían si iban a ser atendidos; mientras que la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional (Parlamento), no los recibió.
Los dirigentes internacionales también señalaron que el estado de excepción, que rige en el país desde hace más de dos años, y el toque de queda nocturno, que está vigente en casi la mitad del país entre el 3 y 18 de mayo, pueden utilizarse para "criminalizar" protestas sociales y limitar la actividad sindical, como, dijeron, ha sucedido en otras partes del mundo.
"En otros países se ha utilizado como una herramienta para vulnerar derechos, incluyendo al sector sindical, y en el caso de Ecuador no descartamos que también pueda utilizarse en este sentido", señaló Ureña, quien mencionó el caso de El Salvador.
En la misma línea, Vega aseguró que dirigentes sindicales ecuatorianos les han trasladado que estas medidas, utilizadas por el Gobierno para intentar frenar el alto índice de violencia criminal que sufre el país andino en los últimos años, "son utilizados" para limitar las posibilidades de protesta y reclamación del movimiento sindical.