El Poder Judicial indicó en un comunicado que el tribunal "consideró que la investigación no se encuentra agotada" y "determinó que la ministra en visita Paola Plaza debe realizar una serie de diligencias", entre ellas nuevos interrogatorios.
En el fallo, la Corte apuntó que "existen presunciones graves y suficientes de un estrangulamiento" y aseguró que "se requiere de una investigación exhaustiva que implique despejar toda duda".
La reapertura se produce tras los alegatos presentados por la defensa de la familia Tohá y el representante del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, quienes sostuvieron que existen antecedentes suficientes para descartar la tesis de suicidio instalada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y apuntaron a la intervención de terceros en la muerte del exsecretario de Estado.
"Es un caso histórico que tiene que ser aclarado y existen los fundamentos para ello (...) A los familiares de las víctimas les asiste el derecho inalienable e inderogable a que los procesos sean completamente esclarecidos", señaló en declaraciones a los medios el abogado de la familia, Nelson Caucoto.
Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Tohá y otros altos cargos del gobierno de Allende fueron detenidos en La Moneda y trasladados varios días después a la inhóspita isla Dawson, ubicada en la zona más austral de Chile y donde los prisioneros fueron sometidos a torturas y trabajos forzados.
La salud de Tohá, padre de la exministra Carolina Tohá, se deterioró debido a las condiciones extremas y a la falta de comida y fue devuelto a Santiago e ingresado en un hospital militar, donde falleció a los 55 años.
El abogado y periodista, que en el momento de su muerte pesaba 49 kilos y medía 1,92 metros, fue encontrado ahorcado dentro de un armario en la habitación.
El caso fue presentado como suicidio por el régimen, aunque la familia y organismos de derechos humanos llevan décadas señalando que se trató de un homicidio, dado que la condición física de Tohá era de tal debilidad que no habría sido capaz de ahorcarse, aunque hubiese pretendido hacerlo.
El cuerpo fue exhumado en 2010, 36 años después de su muerte, para aclarar si su muerte se debió a un suicidio o a un estrangulamiento.
Informes forenses, del Servicio Médico Legal, SML y de las universidades de Chile y de Concepción lograron determinar que el deceso de Tohá "es atribuible a terceros".
"Nos costó 38 años echar abajo la tesis del suicidio, 41 para lograr la condena por aplicación de tormentos y finalmente 47 años para que se dictara el primer procesamiento por homicidio calificado", añadió el abogado sobre una causa que dura 20 años y que fue cerrada dos veces anteriormente.
Dos funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) fueron condenados en 2014 por el delito de tormentos reiterados y, seis años después, fue procesado por homicidio calificado, en calidad de encubridor, el exjefe de gabinete del director del Hospital Militar, Jorge Luis Chovan, quien falleció recientemente.
La dictadura de Pinochet dejó al menos 3.200 opositores asesinados, de los que 1.469 fueron víctimas de desaparición forzada.
En Chile se han celebrado decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet, quien sin embargo murió en 2006 a los 91 años de edad sin ser condenado por su responsabilidad en los crímenes.