La muerte de Quero "es la muestra y el reflejo de un sistema judicial que se ha convertido en un laberinto para todos los venezolanos y que no genera confianza", dijo el jefe del grupo parlamentario Libertad, el diputado Stalin González, citado en una nota de prensa.
Esa fracción, de la que también es miembro el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, se unió así a las peticiones de investigación "seria y transparente" que han hecho distintos sectores de la sociedad civil.
En ese sentido, González consideró que esta situación abre la puerta a discutir una reforma "profunda" del sistema judicial venezolano, que vaya más allá de la actual discusión sobre la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la que el Parlamento busca ampliar de 20 a 32 los magistrados de la alta corte.
"Mucho se ha hablado estos días sobre la reforma judicial, pero este tema va mucho más allá del número de magistrados. Estamos hablando de fiscales, defensores públicos, alguaciles, secretarios y jueces. Hay que discutir cuál es el verdadero estado de la carrera judicial en Venezuela", expresó.
Según dijo, presentaron una solicitud ante el Parlamento para hacer esta discusión.
El pasado jueves, el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero, luego de 16 meses de denuncias de la madre del detenido, Carmen Navas, sobre la desaparición de su hijo.
La cartera de Estado informó que Quero estuvo recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".
Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por "insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar".
Decenas de ONG, partidos políticos y activistas cuestionaron que el Estado informara sobre la muerte del preso político diez meses después y la Fiscalía, presidida por el abogado vinculado al chavismo Larry Davoe, anunció una investigación penal, que ha sido respaldada por el Parlamento.
Sin embargo, las ONG han señalado que la investigación debe ser independiente y con ayuda internacional.