"Al centrarse exclusivamente en los palestinos, el nuevo tribunal no tendrá jurisdicción sobre la posible responsabilidad penal de otras personas por esos hechos, ni sobre los presuntos delitos cometidos por las fuerzas israelíes en el territorio palestino ocupado en ese momento o desde entonces", explicó.

Defendió que se haga justicia a las víctimas del atentado del grupo islamista Hamás contra Israel y su derecho a conocer "toda la verdad", pero aclaró que esto no puede hacerse mediante juicios que violen los estándares internacionales.

"Esta ley institucionalizará inevitablemente una justicia parcial y la discriminación contra los palestinos, lo que no puede redundar en interés de nadie", aclaró, a lo cual añadió que esto es contrario a los derechos humanos.

Entre las garantías que se pueden violar está la presunción de inocencia, pues los procesos se basarán en "la culpa colectiva en lugar de en pruebas de los actos delictivos de una persona", además del temor que existe de que el tribunal pueda admitir pruebas obtenidas bajo coacción.