"Como resultado del diálogo, como resultado de encontrarnos entre todos los bolivianos, la ley 1720 fue abrogada. ¿Qué significa la palabra abrogación? Eliminación, ya no existe, se acabó esa ley", sostuvo Paz en un video difundido por la Presidencia boliviana.
El mandatario, que cumplió seis meses de Gobierno el pasado 8 de mayo, sostuvo que, no obstante, es necesario tratar "una nueva ley sobre la tierra, con consensos, socializando, escuchando a todos los sectores".
Agregó que el consenso entre todos hará que la nueva norma sea "una ley fuerte, justa, equilibrada" y "para toda la patria".
La ley 1720, promulgada el pasado 10 de abril, autorizaba la "conversión de la clasificación de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana" de forma "voluntaria" y previa solicitud escrita y declaración jurada del propietario, para que las tierras sean usadas como garantía en créditos bancarios.
Sectores campesinos e indígenas rechazaron la norma desde antes de su promulgación, con el temor de que, en la práctica, la ley ponga en riesgo sus propiedades y favorezca que terratenientes o empresarios agrícolas se apropien de terrenos de pequeños productores.
Por esta razón, centenares de campesinos e indígenas amazónicos caminaron durante 24 días desde la región norteña de Pando, fronteriza con Brasil y Perú, hasta llegar a La Paz, para exigir su abrogación.
Estos sectores han permanecido en una vigilia cerca del edificio del Legislativo para presionar por la abrogación de la ley, que finalmente procedió esta jornada mediante otra norma tratada en la Cámara de Diputados, previa aprobación en el Senado.
A la demanda de los indígenas amazónicos se sumó la federación de campesinos del departamento de La Paz, que bloquea carreteras en el altiplano desde hace una semana, aunque este último sector ahora pide la renuncia del presidente Paz.
Los anuncios de anulación de la ley 1720 generaron críticas y rechazo de los sectores agroindustriales y pequeños agricultores de la región oriental de Santa Cruz, la más poblada y el motor económico del país.
No obstante, los sectores de Santa Cruz aceptaron que la norma se abrogue bajo el compromiso de elaborar una nueva que incluya las posiciones y puntos de vista de todos los involucrados en el área.
La norma que abrogó la 1720 fija un plazo de 60 días para "concertar y proponer" un "marco normativo que defina las condiciones, procedimientos y salvaguardas para que la pequeña propiedad agraria acceda a beneficios" tras su "conversión", pero "preservando la exclusión expresa y protección de las Tierras Comunitarias de Origen, Territorios Indígena Originario Campesinos, comunidades" y reservas naturales".