El presidente del Senado dice que Dela Rosa solo será detenido tras orden judicial local

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Bangkok, 14 may (EFE).- El presidente del Senado de Filipinas, Alan Peter Cayetano, confirmó este jueves que el exjefe de Policía y senador Ronald 'Bato' dela Rosa, que se había atrincherado desde el lunes en la Cámara para evitar su arresto por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), abandonó el edificio por propia voluntad y que solo podrá ser detenido si lo pide un juez del país.

"No escapó, decidió irse", dijo en rueda de prensa Cayetano, tras detallar que, según la Constitución del país, Dela Rosa solo podría ser detenido "si hay una orden judicial de un juez filipino", sugiriendo que la orden internacional de captura por crímenes de lesa humanidad no será de momento obedecida.

El presidente del Senado, cercano a Dela Rosa no dio información sobre el paradero del exjefe de Policía pero sí dijo que "está solo", que se "está rezando por él" y que esperaba que "esté bien".

Sus declaraciones llegaron después de que la víspera se registraran varios disparos en el Senado, coincidiendo con un supuesto operativo para arrestar al senador y sin que hasta el momento haya trascendido la autoría de los mismos.

El presidente, Ferdinand Marcos Jr., el Ejército y la Policía se han desvinculado del operativo.

El lunes, la CPI hizo pública una orden de arresto -inicialmente clasificada como secreta- contra Dela Rosa, considerádolo presunto "coautor indirecto" de los crímenes cometidos durante la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte -ahora némesis de Marcos Jr-, en la cual, según las autoridades filipinas, fueron asesinadas extrajudicialmente unas 6.000 personas, una cifra que ONG elevan hasta 30.000.

La corte afirma que Dela Rosa contribuyó de forma esencial con declaraciones públicas que "autorizaban, toleraban y promovían" los asesinatos, y que alentó a agentes a justificar muertes mediante "escenarios ficticios de defensa propia".

Tanto Dela Rosa como Cayetano son aliados de Duterte, actualmente detenido en La Haya por crímenes de lesa humanidad, en un caso que ha agravado la tensión política en Filipinas y dividido al país entre partidarios y detractores del exmandatario.

Aunque Filipinas salió en 2019 del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, la corte afirma que mantiene jurisdicción sobre los hechos ocurridos mientras el país era miembro, ya que la guerra contra las drogas a nivel nacional comenzó en 2016.