El anuncio fue realizado en una rueda de prensa tras el consejo de ministros por la ministra de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, quien justificó que esta reforma es necesaria porque Portugal tiene, según sus datos, "la segunda legislación laboral más rígida" de la OCDE.
Esto, argumentó, influye negativamente en el desempleo joven, en la productividad y competitividad de las empresas y en la brecha salarial entre hombres y mujeres, entre otras razones.
Explicó además que el documento aprobado hoy incluye 50 modificaciones del anteproyecto (presentado en julio), incluidas 12 sugerencias del sindicato UGT hechas durante las negociaciones .
El documento que recibirá ahora el Parlamento, continuó la ministra, tiene tres ejes, que son "flexibilizar para aumentar la competitividad, la productividad y los salarios; reforzar los derechos y garantías del trabajador; y dinamizar la negociación colectiva y conciliar mejor el derecho a huelga con otros derechos fundamentales".
"El objetivo puede sintetizarse en reforzar los derechos y garantías de los trabajadores del siglo XXI", resumió Palma Ramalho.
Entre las alteraciones que quieren impulsar está el refuerzo de las licencias parentales, para que sean pagadas al 100 % durante los seis primeros meses, y que la licencia parental obligatoria pase de los 14 a los 30 días.
Proponen la creación de "un banco de horas" por acuerdo entre trabajador y empleador para ajustar la jornada laboral a las necesidades de ambos y una "mayor flexibilidad" en los contratos temporales, que permitirán volver a contratar temporalmente a jóvenes y desempleados de larga duración.
Quieren ampliar también el concepto de "sector social vital" para garantizar los servicios mínimos en caso de huelga, que incluirá los servicios de cuidados a ancianos, enfermos, personas con discapacidad y niños institucionalizados.
"Cuando una huelga ocurra en sector social vital habrá siempre lugar para servicios mínimos", resaltó la ministra.
Otros aspectos incluidos son eliminar el periodo de prueba obligatorio de 180 días a "jóvenes desempleados" y para desempleados de larga duración en contratos indefinidos, la simplificación de la cuota de contratación de personas con deficiencia y el aumento de las compensaciones por despidos colectivos o por la no reintegración tras un despido ilegal, entre otros.
Los representantes de los trabajadores se han opuesto a la reforma porque creen que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, facilita el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.
Uno los principales sindicatos de Portugal, la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), que no ha estado sentado en la mesa de negociación en las últimas semanas, convocó a principios de mes una huelga general el próximo 3 de junio para rechazar esta propuesta.