Wong, de 29 años, está acusado de haber conspirado junto al activista en el exilio Nathan Law y "otras personas desconocidas" para solicitar, entre el 1 de julio y el 23 de noviembre de 2020, que gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros impusieran sanciones, bloqueos u otras medidas hostiles contra Hong Kong o la República Popular China.
El cargo se sustenta en la Ley de Seguridad Nacional promulgada por Pekín el 30 de junio de 2020.
El magistrado Victor So ya había ordenado el pasado año la transferencia de la causa al Tribunal Superior, cuya jurisdicción prevé penas de hasta cadena perpetua, frente al máximo de dos a tres años de privación de libertad que contempla la jurisdicción de los juzgados de magistrados.
El militante se encuentra en prisión desde noviembre de 2020, cuando fue detenido en relación con una asamblea no autorizada vinculada a las protestas contra la Ley de extradición en 2019.
En la actualidad cumple una condena de cuatro años y ocho meses impuesta en el marco de otro proceso por seguridad nacional, relativo a las primarias democráticas de la oposición celebradas ese mismo año, en el que se declaró culpable. Fue arrestado de nuevo en junio de 2025 mientras permanecía recluido.
Figura destacada del activismo hongkonés desde que, con 17 años, encabezó las movilizaciones del movimiento Occupy Central en 2014, Wong cofundó posteriormente el partido prodemocrático Demosisto junto a Nathan Law y otros activistas estudiantiles. La organización se disolvió horas después de la entrada en vigor de la normativa.
Dicha ley, insertada por Pekín directamente en la Ley Básica de Hong Kong tras más de un año de revueltas masivas, tipifica como delitos la subversión, la secesión, la colusión con fuerzas extranjeras y los actos terroristas.
Mientras las autoridades locales sostienen que la disposición restableció la estabilidad en la ciudad semiautónoma, organismos internacionales como Naciones Unidas y diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado sistemáticamente su aplicación.
Las restricciones legales vigentes en Hong Kong impiden publicar el contenido de los procedimientos de remisión al Tribunal Superior; únicamente pueden difundirse el nombre de los acusados, la identidad de jueces y letrados intervinientes, y la naturaleza de los cargos.