Esta es una de las causas que Kuczynski, de 87 años, tenía abiertas por el caso Odebrecht en Perú, ya que también enfrenta dos acusaciones de la Fiscalía -con penas de prisión- por supuestamente haber recibido dinero de manera encubierta y haber favorecido a la compañía brasileña en la adjudicación de un tramo de la Carretera Interoceánica Norte.
El magistrado Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dispuso el sobreseimiento de la causa por la presunta financiación irregular de la campaña electoral del exmandatario, que se mantenía abierta desde hacía casi diez años, cuando a finales de 2016 saltó a la luz el caso Odebrecht.
Kuczynski, que era presidente de Perú en el momento que se reveló el escándalo de corrupción de Odebrecht, recibió presuntamente 300.000 dólares para financiar su campaña electoral de 2011, procedentes de la Caja B de la empresa brasileña, destinada a pagos ilícitos e irregulares, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía peruana.
Sin embargo, el juez consideró necesario archivar la causa a tenor de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declaró improcedente la acusación contra la derechista Keiko Fujimori en un caso similar de financiación irregular de sus campañas.
La decisión del togado también se basó en otro fallo reciente de la Corte Suprema, en la misma vía y en el mismo caso que Kuczynski, que ya favoreció a la empresaria y banquera Susana De la Puente, quien respaldó las candidaturas presidenciales de PPK en 2011 y 2016.
El argumento es que la legislación penal de ese momento exigía que, para probar el delito de lavado de dinero, era necesario que el receptor de los fondos conociera el origen ilícito del aporte, algo de lo que la Fiscalía no ha podido ofrecer indicios en este caso, ni tampoco en otros similares contra expresidentes y políticos peruanos, pese a que ocultaran el origen de estos fondos y nos los declararan debidamente.
Kuczynski, que durante tres años estuvo bajo arresto domiciliario, debe enfrentar también un juicio donde la Fiscalía pide para él una pena de 35 años de cárcel por lavado de dinero al, supuestamente, haber recibido sobornos de Odebrecht cuando era ministro del Gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), bajo la presunta apariencia de consultorías de su empresa Westfield Capital.
Así mismo, PPK enfrenta otra acusación de la Fiscalía, que pide una pena de ocho años y seis meses de prisión, por el delito de colusión, al supuestamente haber favorecido a la constructora brasileña Odebrecht y a sus socios en la adjudicación de la construcción de un tramo de la Carretera Interoceánica del Norte.