La Asociación Colectivo Violeta, el Grupo Transfenix, Grupo Labry’s Artemis y el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en Honduras señalaron en un comunicado conjunto que, entre el 1 de enero y el 8 de mayo de este año, se contabilizan 17 muertes violentas motivadas por la orientación sexual, la expresión o la identidad de género de las víctimas.
"Estos crímenes no son aislados, sino una manifestación de un patrón estructural histórico de discriminación y exclusión que amenaza el derecho fundamental a la vida", expresó el coordinador de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en Honduras, Francisco Mencía.
Las declaraciones se entregan antes del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, que se conmemora el 17 de mayo.
La cifra representa un alza del 13,3 % en comparación con los 15 asesinatos contabilizados en el mismo período de 2025, de acuerdo con el informe de las organizaciones.
El activista detalló que la organización mantiene un registro acumulado de 599 muertes violentas de personas sexualmente diversas en la nación centroamericana desde 1997 hasta la fecha, una cifra que evidencia la vulnerabilidad sistemática del colectivo.
Las organizaciones alertaron de que la comunidad enfrenta un entorno hostil agravado por "décadas de impunidad, estigmatización social y fallas institucionales", y apuntaron que el aumento de la violencia obedece a los discursos de odio promovidos por sectores conservadores, grupos fundamentalistas, medios de comunicación y autoridades, que fomentan la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia.
La organización Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sitúan a Honduras como uno de los países "más letales" de América Latina para las personas trans.
A pesar de que la Constitución de Honduras y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan al Estado a proteger a sus ciudadanos, las organizaciones denunciaron que la impunidad en estos casos supera el 95 %, lo que consideran un "fracaso estatal" en el acceso a la justicia.
Ante lo que califican como una "emergencia humanitaria", los colectivos hicieron un llamado a la sociedad hondureña para rechazar y condenar estos crímenes, y exigieron protección efectiva mediante planes de prevención, alertas tempranas y refugios seguros.
También, solicitaron al Estado investigar cada caso bajo estándares internacionales y protocolos de crímenes de odio, sancionar a los responsables y que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos acompañe la búsqueda de acceso a la justicia.