"Recibo información preocupante sobre restricciones al derecho a la asamblea pacífica de mujeres familiares de personas detenidas en la cárcel de Santa Elena que intentaban hacer un plantón para denunciar sus condiciones de reclusión y seis meses de incomunicación", señaló la relatora especial para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, en su cuenta de X.
A ella se sumó la relatora sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, quien también mostró su preocupación en X y aseguró que estaba siguiendo esta situación "con atención".
La prisión, construida por iniciativa del presidente, Daniel Noboa, e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador, está ubicada en un paraje inhóspito de la provincia de Santa Elena, por lo que las familias, compuestas principalmente por mujeres, tuvieron que organizarse en grupos para poder llegar hasta el sitio.
Sin embargo, agentes de tránsito y policías impidieron la salida de la ciudad de Guayaquil de los autobuses en los que se movilizaban, por lo que tuvieron que seguir a pie hasta que consiguieron subirse a un transporte interprovincial.
"Posteriormente, una tanqueta militar habría impedido el avance de las familias, así como al personal de prensa que cubría el hecho", señaló Romero.
La experta afirmó que los estándares internacionales obligan a Ecuador a permitir que las asambleas y protestas se realicen en los lugares elegidos por las personas que se movilizan.
Además, que "prohíben la participación de militares en la gestión de asambleas pacíficas y obligan a la facilitación del trabajo de periodistas y otros actores que observan o monitorean las asambleas, a quienes no se les debe prohibir o limitar indebidamente sus funciones".
Por su parte, Bolaños indicó que las mujeres que acudieron al plantón eran "defensoras de derechos humanos" que exigían "condiciones dignas de detención" y que "contribuyen a prevenir la tortura".
"Los Estados tiene la obligación de garantizar condiciones para que las personas defensoras de derechos humanos actúen libremente, sin amenazas ni hostigamiento", añadió.
Las familias se instalaron con sus pancartas en el ingreso a una carretera que lleva a la prisión y reclamaron por comida, visitas y atención sanitaria para sus familiares, de los que, aseguraron, no saben nada desde hace meses.
En esta cárcel también están recluidos el exvicepresidente correísta Jorge Glas; el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros expolíticos y líderes criminales.
La prisión fue inaugurada en noviembre y construida también como respuesta a la crisis de violencia criminal que azota las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.