El Ejecutivo de coalición, que reúne a tres partidos de centroderecha, ha tomado la decisión durante el Consejo de Ministros de este viernes, y anunció que enviará un proyecto temporal de sanciones al Consejo de Estado para recibir un dictamen urgente antes de su entrada en vigor.
La medida prohibirá la importación, compra, venta e intermediación para el comercio de bienes procedentes de asentamientos israelíes considerados ilegales bajo el derecho internacional
Las sanciones se aplicarán a todas las personas y empresas en Países Bajos, incluidos los territorios caribeños de Bonaire, San Eustaquio y Saba, así como a ciudadanos y entidades neerlandesas en el extranjero.
En una rueda de prensa, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, señaló que el Gobierno llevaba tiempo defendiendo una prohibición a nivel europeo, aunque reconoció que no existe suficiente apoyo entre los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para aprobarla de forma conjunta.
“Queremos evitar que, como sociedad neerlandesa, contribuyamos con nuestras actividades económicas a una ocupación ilegal y al mantenimiento de asentamientos ilegales”, afirmó el jefe del Gobierno, quien indicó que la prohibición tendría inicialmente una duración de tres años.
En una carta enviada al Parlamento, varios ministros expresaron su “gran preocupación” por la situación en los territorios ocupados y recalcaron que la ocupación israelí de los territorios palestinos y de los Altos del Golán sirios “es contraria al derecho internacional”.
“La expansión de los asentamientos ilegales y la violencia excesiva por parte de los colonos están provocando un deterioro cada vez mayor de la situación, alejando cada vez más una solución de dos Estados”, señalaron.
El Ejecutivo neerlandés sostuvo además que Países Bajos tiene “la obligación internacional” de no contribuir al mantenimiento de una situación ilegal y defendió que las sanciones están alineadas con una moción aprobada el año pasado por el Parlamento neerlandés.
Jetten subrayó que el Ejecutivo seguirá impulsando “sanciones adicionales contra colonos violentos y contra la organización terrorista Hamás”, al tiempo que reiteró que la solución de dos Estados sigue siendo “el único camino hacia una paz duradera”.
Una vez el Consejo de Estado emita su dictamen, el Gobierno aprobará de forma definitiva el régimen de sanciones y las restricciones entrarán en vigor dos meses después de su publicación.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de Naciones Unidas, advirtió de que esas políticas de asentamientos “violan el derecho internacional” y la "presencia continua" de Israel en Palestina es "ilegal", por lo que exigió la “evacuación de todos los colonos”, y la devolución de tierras a sus residentes originales desplazados desde 1967.