De este modo, el Estado belga es finalmente declarado culpable de dichos crímenes tal y como dictaminó la sentencia del Tribunal de Apelación en diciembre de 2024, que el Estado había recurrido.
Se trata de la primera condena de un Estado europeo a indemnizar a las víctimas de la colonización.
Las cinco demandantes, nacidas en el Congo entre 1946 y 1950 e hijas en todos los casos de un colono belga y una madre congoleña, fueron arrancadas de sus familias y llevadas posteriormente a orfanatos, una práctica habitual con los niños de raza mixta en la época en la que el país de África central era una colonia belga.
Por ello, el Estado belga deberá indemnizarlas por los daños morales derivados de "la pérdida del vínculo con su madre y el ataque a su identidad y a su conexión con su entorno original".
Aunque la prensa local no ha reportado el importe con el que se les compensará, las abogadas de las demandantes pedían que se les indemnizase con 50.000 euros a cada una de ellas, además de pagar las costas del proceso.
Las cinco mujeres que han llevado el caso a la justicia belga representan solo una pequeña parte de los 20.000 niños que se estima fueron víctimas de los mismos crímenes durante el período colonial.
