Las organizaciones que lideran las protestas, como los campesinos aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), volvieron a marchar esta jornada desde la ciudad vecina de El Alto hacia el centro de La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo.
También hubo otras marchas que llegaron desde el sur y el norte de la ciudad, que pasaron por las calles aledañas a la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada.
Grupos de manifestantes intentaron forzar su ingreso a la plaza Murillo, por lo que la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.
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El dirigente minero Nelson Álvarez cuestionó que en el Parlamento esté en análisis un proyecto de ley que elimina restricciones legales vigentes desde 2020 para que el Gobierno declare un estado de excepción que le permita ampliar el despliegue de fuerzas de seguridad ante las protestas.
Los líderes ciudadanos de Santa Cruz (este), la región más poblada del país, agrupados en el Comité Cívico de ese departamento, llamaron a la población a concentrarse el martes para tomar acciones ante los bloqueos de carreteras.
El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, alertó que está en marcha un “golpe de Estado” e instó a la población a proveerse de víveres y a defender el derecho al “libre tránsito” en esa región, considerada el motor económico de Bolivia.
En paralelo, en La Paz también hubo bloqueos callejeros de algunos sindicatos de transportistas por la escasez de combustibles, consecuencia de los bloqueos de carreteras, mientras que un grupo de manifestantes impide el ingreso y salida de pasajeros y encomiendas en las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto, que sirve a La Paz.
Paz estuvo este lunes en Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del poder Judicial, para conmemorar los 217 años de la gesta libertaria de esa ciudad sureña, desde donde anunció la reducción de su salario y el de sus ministros a la mitad y mencionó que hará cumplir la Constitución ante las protestas.
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Las protestas que exigen la renuncia de Paz, quien lleva poco más de seis meses en la Presidencia, mantienen aislado al departamento de La Paz desde hace 20 días y, desde la semana pasada, los bloqueos de carreteras se extendieron a otras regiones de Bolivia, como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.
Ante el desabastecimiento en La Paz y El Alto, las más afectadas por las protestas, el Gobierno estableció unos “puentes aéreos” para llevar alimentos a ambas ciudades, a lo que se suma el apoyo logístico y las donaciones ofrecidas por Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú.
El Gobierno llamó a dialogar el domingo a los sindicatos campesinos de La Paz, pero finalmente no hubo reunión, ya que en la víspera fracasó un nuevo intento de habilitar un “corredor humanitario”, que derivó en enfrentamientos entre policías y militares con los manifestantes, además de disturbios.