"La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo ya analiza 317 expedientes desde que se constituyó, el pasado 15 de abril. En este tiempo han sido puestas a disposición de esta Unidad, por parte del Ministerio de Presidencia, 377 solicitudes que, por ahora, han dado lugar a los expedientes señalados", informó la Defensoría en un comunicado.
Según el protocolo firmado el pasado 30 de marzo por la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo, la Unidad de Víctimas de esta última institución, formada por 15 expertos, se encarga de evaluar individualmente cada de una de las solicitudes y elabora una propuesta con el objetivo del reconocimiento de las víctimas de abusos y su reparación.
Este mecanismo, que entró en funcionamiento el pasado 15 de abril, establece esta vía de reparación para quienes no pueden acudir a los tribunales por prescripción del delito o fallecimiento del victimario. El proceso se inicia ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que tramita las solicitudes.
El protocolo establece también que una vez que esta unidad de víctimas evalúe los casos, la Conferencia Episcopal (CEE) y la Confederación de Religiosos (CONFER) emitirán un informe preceptivo motivado de cada uno de ellos.
Y por último paso en este proceso, si no hubiera acuerdo en alguno de los casos, una comisión mixta de la que forman parte todos los involucrados intentarán alcanzar una solución y, en última instancia, el Defensor del Pueblo tiene la última palabra.
La reparación puede ser simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica. Las compensaciones económicas, sin baremos fijados en el texto, serán asumidas por la Iglesia.